Fotografía cortesía.
A pesar de la nueva ola de esperanza producida en el país por la elección de Gustavo Petro y la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, siguen la violencia en los territorios de Colombia.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, denunció la masacre ocurrida en el municipio chocoano de Bajo Baudó y que dejó la muerte de 5 personas, 4 indígenas del pueblo Wounaan del resguardo de Buenavista y otro afrodescendiente, del resguardo de Playa de Orpúa.
Como informó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – CIJP, las víctimas habían sido retenidas por hombres armados el pasado 21 de junio y fueron posteriormente asesinadas. Sus cadáveres fueron hallados “en un lugar conocido como el Venado”.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Ismare Chamarra, de 22 años, Albis Puchicama Barrigón (25), los hermanos Jhonsy y Erofio Membache Carpio, de 23 y 25 años y José Antonio Hurtado Montaño.
La CIJP señaló que “las comunidades de la zona que se encuentran confinadas por la intensidad del conflicto armado hacen un llamado al gobierno nacional para que se pare la guerra iniciando un Acuerdo Humanitario Global, aunque el gobierno nacional siga indiferente. (…) La disputa territorial a sangre y fuego entre las AGC y el ELN, continúa dejando un saldo grave de muertos y heridos entre los civiles y también entre los combatientes de ambas fuerzas”
Varias organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos rechazaron el hecho:
“Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), rechazamos de manera contundente estos hechos de violencia que desarmonizan los territorios y que atentan contra la tranquilidad y que vulneran sus derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas y compañeros Afrodescendientes”.
“Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas coadyuvamos la denuncia (…) en relación con el secuestro y posterior asesinato de cuatro estudiantes indígenas del pueblo Wounaan”.
Según INDEPAZ, el municipio de Bajo Baudó enfrenta una grave situación debido a los “riesgos de reclutamiento de menores de edad como los que se han presentado en los Resguardos del Río Purricha y Río Pavasa, confinamientos como el de la comunidad de Bellavista; desplazamientos individuales y masivos, restricciones a la movilidad en el territorio”.
Los grupos armados que hacen presencia en la zona son las AGC, el ELN y otras bandas de carácter local. Con esta masacre ya van 48 en lo corrido de 2022.
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