Dos civiles y 21 ex integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional, entre ellos un general, comparecieron ante la JEP por cometer 296 asesinatos de civiles y presentarlos como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008.
Por Redacción Contagio Radio
Según la Justicia Especial para la Paz (JEP), hubo 296 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada XVI del Ejército.
La audiencia fue presidida por el magistrado Óscar Parra, junto con la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, ambos correlatores del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. “Esta audiencia es un punto de partida de la rendición de cuentas”, dijo el magistrado.
Hicieron presencia 116 víctimas, quienes después de varios actos previos de reparación, asistieron para escuchar la verdad e interpelar a quienes fueron los responsables materiales e intelectuales de acabar con la vida de sus familiares.
También hicieron presencia entidades como: PNUD, MAP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU y organizaciones de víctimas.
Lo que marcó el inicio de la jornada fue cuando la lideresa de las víctimas, Derly Patiño, interpeló y alzó su voz hacia los militares para preguntar “¿Quién les dio la orden?”, recogiendo la demanda de verdad que hacen los familiares de las víctimas de las “6.402 víctimas de todo el país y las 303 víctimas de Casanare”.
Ex General Henry Escalante confesó crímenes
Henry Escalante es uno de los oficiales de más alto rango en aceptar su participación en falsos positivos, no sin antes señalar como responsable al ex general Mario Montoya, a quien calificó como un “alcahueta” ante los crímenes de lesa humanidad que cometieron sus tropas.
“Torres Escalante, como comandante de la Brigada XVI, tuvo el control sobre la organización criminal que se insertó en esta unidad militar. A partir de las órdenes que emitió, fueron asesinadas y presentadas como muertas en combate”, dijo la JEP.
Las víctimas reprochan que el general retirado no contará toda la verdad. Decían que sus palabras no fueron sinceras y se limitaban a cumplir un procedimiento formal.
“Me siento realmente ofendida de que usted se pare allí a decir que no dio la orden de asesinar a mi padre y mi hermano”, dijo Yohana Torres.
El ex General respondió: “Respeto profundamente lo que está diciendo Yohana, muy probablemente yo en su posición haría lo mismo”, respondió Torres Escalante, “pero vengo a reconocer no solo la muerte de su padre y su hermano, sino la de más de 300 personas que fueron asesinadas”.
La magistrada Catalina Díaz tuvo que pedirle a Torres Escalante que fuera más preciso en sus declaraciones, este después de hacer algunas afirmaciones ambiguas finalmente dijo: “una vez me enteré de lo que estaba sucediendo en la brigada, permití que eso siguiera ocurriendo”.
Años atrás, Torres Escalante habría ofrecido 45 millones de pesos al teniente Fabián García a su mando para que cambiara las versiones y favorecer al entonces general.
El entramado criminal para presentar bajas
La JEP reveló la existencia de una red criminal de al menos 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
La evolución del fenómeno criminal que se desarrolló en Casanare llevó a que dos terceras partes de los resultados de la Brigada XVI, entre 2005 y 2008, fueron asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas muertes en combate.
La magistrada Catalina Díaz reiteró lo que se les exige a los comparecientes; “La Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva. ¿Por qué asesinaron a estas personas? Queremos saber todo sobre esos asesinatos”.
Por su parte, el sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruiz, comandante del Grupo Delta 4, relató los hechos que llevaron al señalamiento y asesinato de Jair Tarache Cruz, menor de edad, asesinado en estado de indefensión en abril de 2006. “Una persona sencilla, humilde. Su único pecado fue ser estigmatizado por nosotros, miembros de la fuerza pública”.
A su vez, el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, comandante de varios grupos especiales de unidades de la Brigada 16, dijo: “Ofendí profundamente con la convicción errada de actuar bien ante mis superiores, mientras yo me hacía el ciego y el sordo ante el dolor de muchas personas”.
Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado y quien fue comandante del Grupo Delta 5 e integrante del Gaula Casanare contó cómo los soldados que lo acompañaban y Faiber Amaya se negaron a asesinar a Jair: “entonces lo bajé del camión, lo separé tres o cuatro pasos, desaseguré mi fusil y yo acabé con la humanidad de Jair Tarache Cruz”.
Por su parte, Andrey, líder de las víctimas interpeló al general (r) Henry Torres Escalante para que dé nombres de superiores responsables: “Usted sabía y tiene el deber de revelar las acciones de cada uno de los comandantes que estuvieran por encima de usted y no lo está haciendo, se escuda en la omisión”.
El detective del entonces DAS Orlando Rivas reconoció como operaba, a través de esta institución, una estrategia de estigmatización de civiles en numerosos municipios de Casanare, Boyacá y Arauca. “El único pecado que pudieron tener era vivir en zonas donde actores del conflicto hicieron presencia”, dijo.
Culpan al gobierno de Álvaro Uribe
“He evidenciado que la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe fue una política totalmente funesta”, dijo el coronel en retiro Wilson Camargo Tamayo.
De igual forma, José Hilario López, representante legal de las víctimas, afirmó: “Los asesinatos de civiles indefensos crecieron en aquella siniestra época en la que el discurso dominante era ‘mano firme, corazón grande’ discurso del gobierno de Álvaro Uribe”.
Los militares imputados hicieron devolución de sus medallas como un acto simbólico de responsabilidad con sus crímenes.
Sargento (r) Wilson Burgos: “… Me estoy parando a decir la verdad”. La magistrada Catalina Díaz preguntó al compareciente por qué les disparó a tantas personas en estado de indefensión. “Lo hice con pleno conocimiento, por ganarme un permiso de cinco días, por ganarme unas condecoraciones y por salir al exterior”, confesó el soldado profesional retirado González Almario.
La estigmatización llevó a que miembros del Batallón de Infantería 44 seleccionarán a sus víctimas, principalmente entre personas vulnerables e indefensas, a quienes les hicieron ofertas de trabajo o invitaciones. De igual manera, dividieron a la población entre «gente de bien» y «bandidos».
“Gracias a la JEP, hoy se está sabiendo la verdad. Gracias a la JEP, hoy me estoy parando a decir la verdad. Porque hace 10 años estaba diciendo mentiras, estaba tratando a sus familiares como subversivos”, resaltó el sargento retirado Wilson Burgos.
El coronel (r) Marcolino Jiménez contó que las órdenes las recibían del general Montoya en programas radiales: “Todas las tropas del país lo escuchaban los famosos ‘carrotancados de sangre, litros de sangre’ y frases como «saquen los muertos de la nevera»”.
Otros implicados en los testimonios
En la mayoría de las declaraciones, los exmilitares responsabilizan al General Mario Montoya, quien fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 30 de agosto por crímenes de guerra y lesa humanidad en un caso de 130 personas asesinadas en el Oriente Antioqueño.
Jhon Suancha dijo: “Acá falta nombrar al padre de la omisión de los’ falsos positivos’: general Carlos Arturo Suárez Bustamante”, quien fue inspector del Ejército y, aunque conocía las denuncias, siguió pidiendo bajas.
También hubo reiterados señalamientos de los comparecientes de las irregularidades del juez penal militar Guerra Chinchía, por el cual el magistrado Parra anunció que la JEP haría una compulsa de copias a la Fiscalía.
Caso 03 sobre Falsos Positivos
El denominado Caso 03 sobre falsos positivos está dividido en subcasos por los departamentos con más crímenes. Antioquia supera con gran ventaja a la Costa Caribe, Huila, Meta, Norte de Santander y el Casanare como zonas priorizadas en la primera fase de investigación.
La última de las audiencias se realizó en Norte de Santander, con la presencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
De los más de 300 victimarios, solamente se presentaron 24 de los máximos responsables. A continuación, los comparecientes:
Henry William Escalante, General (r).
Faiber Alberto Amaya, comandante del Grupo Delta 4.
Marco Fabián García Céspedes, Teniente (r).
Edwin Leonardo Toro Ramírez, Teniente (r).
Sami Humberto Casayas Valderrama, Teniente (r).
Orlando Rivas Tobar, director de la seccional del DAS en Casanare.
Miguel Fernando Ramírez, Civil Reclutador.
Alexander González Almario, Soldado Profesional (r), integrante del Gaula Casanare.
Wilson Rodríguez Mimisica, Civil Reclutador.
Elbert Pérez García, Cabo Primero (r).
Jhon Alexander Suancha Florián, Teniente (r).
Wilson Camargo Tamayo, Coronel (r).
Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Mayor (r), comandante del Gaula.
Wilson Salvador Burgos Jiménez, Sargento Segundo (r).
Leandro Eliecer Mona Cano, Cabo Segundo (r).
César Augusto Combita, Capitán (r).
Miguel Andrés Sierra García, Capitán (r).
Wilfrido Domínguez Márquez, Sargento Primero (r).
Jaime Alberto Rivera Mahecha, Jefe de la Unidad de Inteligencia en el Gaula Casanare.
Henry Hernán Acosta Pardo, Teniente Coronel (r).
Erwin Eduardo Duarte Rojas, Teniente (r).
Jorge Edwin Gordillo Benítez, Mayor (r).
Marcolino Puerto Jiménez, Coronel (r).
Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Sargento Primero (r).
Hasta ahora, 3.582 integrantes de la Fuerza Pública se han sometido. 2.428 víctimas han sido acreditadas y cuatro integrantes de las Fuerzas Militares han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.
Información tomada del portal de noticias Colombia Informa
