Desde el pasado Lunes se encendieron las alarmas pues en el río Meta, apareció el cuerpo de una mujer que parecía ser el de Luz Marina Arteaga, médica, defensora de DDHH y veedora de los procesos de reclamación de tierras de varias de las víctimas en ese departamento. Lastimosamente la noticia se confirmó horas después confirmando que la masacre contra las víctimas se repite una y otra vez.
Luz Marina había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 12 de enero, con el agravante que durante varios meses, se había solicitado a la Unidad Nacional de Protección que le asignara un esquema de seguridad por las amenazas que venía recibiendo de manera reiterada, por quienes han ocupado las tierras despojadas a los campesinos e indígenas en esa zona del país. Lastimosamente las súplicas de protección no fueron atendidas.
Luego de que se confirmó el asesinato, las organizaciones de defensa de los DDHH como la Corporación Norman Pérez y la Organización Yira Castro compartieron dos comunicados en los que ponen en evidencia la situación que afrontan los reclamantes de tierras y líderes en los territorios e hicieron un llamado para que se pongan en marcha medidas de protección integrales.
Luz Marina Arteaga y la lucha por la recuperación de las tierras del El Porvenir
Vale la pena recordar que Luz Marina era una de las promotoras de las exigencias de restitución de tierras de las familias desplazadas del Porvenir, a favor de quienes existe una sentencia que obliga al Estado a restituir las tierras a los campesinos despojados por actuaciones de políticos y de paramilitares que pretenden apropiarse de ellas a «sangre y fugo»
Ya en 2017 Contagio Radio había puesto el radas sobre este tema evidenciando las demoras en la aplicación de la ley. La sentencia SU426 emitida por la Corte estaba lista desde agosto del 2016 pero solo hasta el 9 de noviembre del mismo año la Corte emitió la sentencia y ordenó que se le reconozca el derecho a la propiedad a las familias habitantes de El Porvenir. (Le puede interesar: Corte Constitucional ordena adjudicar tierras a comunidades de El Por venir)
De acuerdo con Jaime León, se trata de familias que han vivido allí más de 40 años, y por lo cual el gobierno debía crear una mesa técnica para identificar quienes son las víctimas y quienes tiene propiedad sobre la tierra. Es así como el alto tribunal le da un año a las entidades estatales para restituir los derechos sobre la tierra y territorio a las comunidades, pero en lo único que se ha avanzado es en llevar a cabo unos censos para identificar a las víctimas, pese a que las organizaciones de víctimas que acompañan a las familias han enviado derechos de petición para exigir el cumplimiento de la sentencia.
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