Foto: Equitas
Encuentros como el reciente Forensic Tech 2020, que reunió a diferentes profesionales forenses de varias naciones, han abierto la discusión sobre la investigación de derechos humanos, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y los retos previos y posteriores a la pandemia que permitirían dimensionar los alcances y limitaciones y posibilidades reales de esta labor y su abordaje en Colombia y Latinoamérica.
Muertes producto del conflicto armado podrían hacerse pasar por muertes de Covid-19
Ana Carolina Guatame, coordinadora de investigación científica del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS) señala que el manejo de cadáveres en el marco de la pandemia permitió identificar falencias estructurales y tensiones en dicho ámbito no solo en Colombia sino en diferentes países de América Latina.
Una situación crítica está asociada al mal manejo de los cuerpos que murieron producto de la pandemia y que sumados a los casos de víctimas del conflicto y de desaparición forzada, podrían poner en riesgo su identificación, esto en medio de un contexto en el que los casos han subido a los 34.754 fallecimientos reportados lo que lleva a Colombia a ocupar el lugar número 10 de la tasa de contagios y el lugar 12 en la tasa de mortandad.
Al respecto, Ginna Camacho Cortés, coordinadora de Asesoría Técnico Científica de Equitas señala que el más reciente informe de Equitas sobre la administración de muerte en los casos de contagio, versus las personas no identificadas con corte al 15 de noviembre, les han llevado a centrar su atención de un total de 426 cementerios del país donde se presumen que existe casi 30.000 personas entre no identificadas y no reclamadas en los cementerios de los departamentos de Norte de Santander, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Atlántico; donde persisten problemas de infraestructura, censo y elementos que impiden hacer una documentación.
En ese sentido, llamó la atención sobre la responsabilidad del Estado en la disponilbidad de espacios y la gestión que las Alcaldías responsables de dichos cementerios deberían tener en épocas de pandemia, incluyendo el aporte de recursos y equipos médicos y de bioseguridad necesarios para sepultureros, trabajadores de funerarias y forenses del Estado. (Lea también: Manejo erróneo de cementerios por Covid-19 pondría en riesgo memoria histórica del conflicto)
Agrega también que los retos más grandes persisten en materia de identificación algo en lo que los expertos han insistido desde 2005 cuando surgió la ley de Justicia y Paz que permitió la recuperación de casi 9.000 cuerpos de los cuales 15 años después, más del 50% permanecen sin identificar, por lo que llama la atención, deben ser la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría quienes estén alertas frente a los registros de muertes que pueden no corresponde a Covid-19 sino a víctimas del conflicto que aún se vive en los territorios.
Búsquedas en contextos acuáticos demandan mayor complejidad
Según investigaciones como el proyecto «Ríos de vida y muerte», una investigación conjunta de Rutas del Conflicto y de Consejo de Redacción señalan que la práctica de desaparecer cuerpos arrojándolos a los ríos de Colombia perpetrada por grupos armados legales e ilegales podría tener más de 60 años, lo que implica un verdadero reto para los equipos forenses.
Por ejemplo, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos paramilitares serían responsables del 68% de los casos de desaparición forzada en los afluentes colombianos, mientras que los grupos guerrilleros son presuntos responsables del 8%, de igual forma la Fuerza Publica no solo tendría a algunos de sus integrantes vinculados con el incremento de estos métodos de esconder la verdad en el agua, sino que habría acudido a los mismos paramilitares para efectuar dichas tarea.
Al respecto, Ricardo Borrero, arqueólogo y candidato a PHD del programa de Arqueología Náutica de la Universidad de Texas A&M, explica que existen una serie de tecnologías que pueden contribuir al hallazgo de desaparecidos en contextos subacuáticos, algunas con acústica y otras de forma electromagnética sin embargo las expectativas que se generen «deben ser limitadas pues a pesar del uso de estas tecnologías, son altas las probabilidades de que el deterioro de los cuerpos impida hacer estos hallazgos en territorios donde muchas veces son remotos o de difícil acceso».
En términos más técnicos, el experto en búsqueda acuática, señala que se puede aprender mucho de los estudios tafonómicos, es decir los relacionados a las transformaciones que experimentan los cuerpos desde el momento que son depositados en contextos terrestres o acuáticos hasta el momento en que se realiza el hallazgo por parte del equipo forense.
Señala que el proceso de degradación será diferente según el contexto y puede variar según el tipo de fondo (arena, limo, arcilla) la profundidad en la que se encuentren los cuerpos e incluso otros factores como el rol de la flora y la fauna que también pueden intervienen en los procesos de descomposición al igual que los flujos de corrientes.
Por su parte, Ginna Camacho, explica que si bien los cuerpos se pueden recuperar en dichos contextos acuáticos, también existen otras probabilidades y no necesariamente el hecho que una persona haya sido arrojada al río significa que se encuentre aún en el agua, y sus cuerpos pueden ser halladas en las riveras e incluso hallados en las orillas y llevados a los cementerios
En el caso de las medidas cautelares que han solicitado organizaciones como el MOVICE en lugares como Ituango, Antioquia; donde si bien pueden haber cuerpos en el agua la coordinadora señala que también existe la posibilidad de que se encuentren en lugares en los que pescadores o barequeros hallaron los cuerpos.
Al respecto agregan que es necesario dar un debate con relación a la protección del agua y los conflictos que surgen alrededor de ella, y otras nociones como la defensa del territorio o actividades extractivas y del cómo, cuando ocurren estos conflictos sociales así mismo se producen desapariciones, homicidios de líderes o desplazamientos forzados.
Familiares y forenses trabajan en medio de la guerra
Ana Guatame señala que a diferencia de otros países en donde lo forense se realiza en el marco de la criminalidad común o después de un conflicto, en Colombia se debe trabajar en medio de una guerra que está viva incluso tras la firma del Acuerdo de Paz y eso implica condiciones diferentes de seguridad tanto para forenses como para comunidades.
«Lo más importante es que se está tratando con humanos y en el marco del conflicto, con víctimas y sus familias es a lo que se debe dar prelación, no es lo mismo buscar un barco que tiene 150 años de hundido que enfrentarse a personas que perdieron a sus familiares recientemente, son situaciones que le agreguen sensibilidad al trabajo», agrega Ricardo.
Coinciden en que el contexto latinoamericano ha llevado a que la desaparición forzada de personas sea recurrente en la región, lo que ha permitido que cada país desarrolle acciones forenses distintas para responder a esa situación y pese a ser realidades diferentes, todas comparten un desarrollo normativo en políticas públicas para la investigación.
Es precisamente, el trabajo de familiares y organizaciones sociales el que ha llevado a que el Estado se mueva en la línea de búsqueda, no tanto así en la investigación, pues, señala Ginna Camacho que en los países latinoamericanos existe una impunidad del 99% en la sanción de los responsables de desaparición forzada.
Para conocer más de este tema le invitamos a ver, Otra mirada: Ejercicio forense en Colombia y sus aportes a los DD.HH.
