Más de 500 organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, sostienen que el país no ha acatado las recomendaciones hechas por la comunidad internacional en los últimos años y que, como están las cosas, se rajaría en el Examen Periódico Universal (EPU), que tiene que presentar en noviembre de este año.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio
Bogotá. En noviembre de este año, Colombia pasará al tablero en materia de derechos humanos ante la ONU, con el Examen Periódico Universal, EPU, que valora la situación de derechos humanos de los 193 estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas y que fue concebido para mejorar la situación global de garantía de estos derechos.
El examen a Colombia se realizará a través de recomendaciones que hacen los 192 países de Naciones Unidas restantes, sobre lo que el Estado debe hacer para mejorar la situación de derechos humanos. A estas recomendaciones se suma el informe alternativo que elaboran 588 plataformas, coaliciones, redes y organizaciones reconocidas por su trabajo en derechos humanos en Colombia, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Según el informe de las organizaciones se han incumplido las recomendaciones de los pasados ciclos (2009 y 2018 respectivamente), entre ellas todas las relacionadas con el Acuerdo Final de Paz, firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.
Durante el Gobierno de Iván Duque hubo incumplimiento en la implementación de todos los puntos del Acuerdo. La Corte Constitucional declaró en 2022 el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación de garantías para la seguridad de los firmantes del Acuerdo.
A mayo del 2023 y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, van 361 firmantes de paz asesinados desde la firma de los acuerdos. Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU aseguró que “la reincorporación está amenazada por desafíos como la inseguridad, y otros de orden económico y social. Adicionalmente, entre enero de 2018 y mayo de 2023 han sido asesinadas 1.264 personas defensoras de DD.HH. y liderazgos sociales”.
El informe también asegura que “entre el 2017 y el primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica. Los hallazgos evidencian que por lo menos el 58% de los casos obedecen al accionar del Estado. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente impactados por el conflicto”.
Según el informe del secretario general de la ONU, “entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021, hubo 383 violaciones graves cometidas contra esta sector de la población como reclutamiento y utilización, asesinatos, y violencia sexual”.
En cuanto a situación de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) Colombia tampoco sale muy bien librada y el panorama es bastante desalentador. “Durante el periodo del informe, la pobreza monetaria alcanzó un porcentaje del 39,3% de la población, la pobreza extrema un 12,2 %, y el 54,2 % de los hogares sufren inseguridad alimentaria”.
