Foto: Liderazgos sociales/ CRIC
Mientras organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a la fecha contabilizan un total de 121 líderes asesinados solo en el presente año, las ataques contra defensores de DD.HH. continúan elevándose, apenas en el primer día de junio, tres de ellos fueron asesinados y en lo recorrido del mes esta cifra ha ascendido a siete homicidios en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Cauca en medio de un aislamiento preventivo.
La primera víctima fue Hermes Loaiza quien fue asesinado en zona rural de Florida, Valle, frontera con Caloto, norte del Cauca. Hermes se desempeñaba como secretario de la Junta de Acción Comunal (JAC) de dicho municipio y aún se investiga si el hecho se habría perpetrado por su labor al interior de dicha organización. (Lea también: Hermes Loaiza, secretario JAC de Pueblo Nuevo, fue asesinado en Florida, Valle)
El mismo día fueron asesinados Arcángel Pantoja y Omar Agudelo en Puerto Libertador, Córdoba; los dos eran miembros fundadores de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Pantoja por su parte, también pertenecía a la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Río Sucio. El secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Camilo Berrocal, señaló que el Clan del Golfo estaría detrás de los homicidios en este caso.
Tan solo dos días después, el dirigente comunitario Julio Humberto Moreno Arce fue asesinado con arma de fuego el 3 de junio cuando se dirigía en una motocicleta por la vía que conduce de La Balsa al municipio de Santander de Quilichao, Cauca; en sus documentos fue hallado un carné que lo acreditaba como defensor de DD.HH. Según versiones, Moreno había denunciado amenazas en su contra en el mes de diciembre de 2019.
El caso más reciente fue el de Óscar Dicto Domicó, líder indígena quien se desempeñaba como coordinador de la guardia indígena del resguardo Embera Katio, en el Alto Sinú, quien fue asesinado con arma blanca el pasado 3 de junio en zona rural de Tierralta, Córdoba. A esto hecho se suman las recientes intimidaciones hechas contra la defensora de DD.HH. del pueblo nasa Aida Quilcué y su familia en el departamento de Cauca y de las que han advertido la Organización Nacional Indígena de Colombia.
A ellos se suma el asesinato de dos menores de edad familiares de personas en proceso de reincorporación, víctimas de las amenazas contra habitantes del ETCR ubicado en Ituango, Antioquia.
La tendencia de agresiones contra liderazgos podría aumentar en 2020
Organizaciones sociales advierten que la persecución que ha incrementando en épocas de aislamiento se trata de un ataque sistemático del que están siendo víctimas los líderes y lideresas sociales y todas aquellas personas que abogan por la defensa de los DD.HH. en el país. (Lea también: Durante 2020 se han registrado 115 amenazas y 47 asesinatos contra defensores de DD.HH.)
Así lo confirman también registros como los del programa Somos Defensores que recoge las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) que estimó el aumento en los homicidios en contra de líderes y defensores en un 88% en el primer semestre del año respecto a las cifras del 2019.
Su actual coordinadora, Lourdes Castro afirma que el aumento es significativo, incluso en tiempos de pandemia lo que «demuestra que la vulnerabilidad en tiempos de Covid-19 es mayor» señalando que hay un vínculo directo entre los liderazgos sociales y su derecho a reclamar cambios y transformaciones, tal y como se vio en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019.