Fotografía Agencia Anadolu.
Luis Picasio Carampaima, líder indígena fue decapitado por los paramilitares de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio del Alto Baudó en el departamento del Chocó.
El líder que pertenecía a la comunidad indígena Embera Dobidá del resguardo Catrú, fue asesinado el pasado jueves 1 de julio en medio de una incursión del grupo armado a la comunidad
De acuerdo con la población en este sector se incrementaron las hostilidades entre grupos armados con la quema de casas y un alto riesgo de desplazamiento.
De acuerdo al registro de homicidios del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, con Luis Picasio Carampaima, son 84 los líderes asesinados en 2021 y 1.200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
La situación que afrontan las comunidades indígenas y negras de la región no es nueva. La Iglesia Católica y oenegés de DDHH han denunciado la grave crisis humanitaria y de derechos humanos desde 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
La Defensoría del Pueblo emitió hace casi dos años la alerta temprana 041 de 2019 pidiendo la protección y atención efectiva para las comunidades del resguardo Catrú, Dubasa y Ankosó, que ahora se encuentran en riesgo.
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Sin medidas eficaces de protección
Para las comunidades negras e indígenas las medidas institucionales siempre serán insuficientes si no se aplican de una manera integral que garantice el ejercicio pleno de los derechos a la vida y al territorio.
Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que, en diversas regiones del departamento del chocó, en territorios de comunidades negras e indígenas, se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras
Las autoridades indígenas también han sido enfática en señalar la necesidad de que se avancen las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN o se den pasos hacia alivios o Acuerdos Humanitarios, sin que hasta ahora el Estado se haya pronunciado
La actitud de el gobierno del presidente Iván Duque ha sido reticente para abrir la posibilidad de unos diálogos de paz y para establecer las posibilidades de una desmovilización por parte de las estructuras de tipo paramilitar. Tampoco se ha puesto en funcionamiento con eficacia los mecanismos para el desmonte de estructuras paramilitares.
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