La discusión sobre el derecho a la libertad de prensa sigue en su punto más alto en Colombia desde la aprobación del articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana, que según el gobierno, buscaba una reforma a la Policía, pero que al contrario, ha endurecido la represión en contra de la protesta social y ahora en contra de quienes cuestionen a servidores públicos.
Según diversas organizaciones de libertad de prensa, el artículo 68 de la ley anticorrupción, es inconstitucional y representa un nuevo intento del gobierno por censurar el periodismo que es crítico de los funcionarios públicos.
El artículo pretende elevar las penas en contra de personas o periodistas que cuestionen a los funcionarios y castiga con penas de hasta de 120 meses de prisión para el delito de injuria. Lo que llama la atención es que es directamente relacionado con los servidores públicos y no con la ciudadanía en general, que es el presunto objetivo de la ley.
“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”
Artículo aprobado
A pesar de la aprobación de este artículo aún falta la revisión de la Corte Constitucional espera que ese tribunal anule la pretensión de los congresistas que contribuyeron en la aprobación de este artículo, contra el que ya hay varios pronunciamientos, entre ellos de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa.
“Esto resulta completamente contrario a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Manda un mensaje negativo por parte del Congreso y los congresistas que votaron a favor, como si se tratara una especie de revancha e intimidación a los medios de comunicación. Cabe recordar que son congresistas y funcionarios públicos los que hacen parte de muchas investigaciones periodísticas”
Jonathan Bock, director de la FLIP.
En este sentido también se manifestó la congresista Juanita Goebertus, que aseguró que el proyecto fue «tramitado a las patadas, no mejora la seguridad, es una muestra de populismo punitivo, criminaliza la protesta social y genera un riesgo inmenso de aumento de abusos policiales y justicia por mano propia»
Este articulado, sigue siendo problemático y muy cuestionado por diversos congresistas y sectores de oposición y de Derechos Humanos, dado que se estarían censurando derechos que son fundamentales para el ejercicio de la democracia en Colombia y por ello continúa la polémica.
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