Esta nueva iniciativa, que será radicada el 20 de julio, se sumaría, no solo a la agenda que ya hace trámite en el Legislativo con las reformas a la salud, laboral y pensional, sino a otros dos nuevos proyectos que el presidente Gustavo Petro anunció que se radicarían: la reforma a los servicios públicos y a la Ley 30 de educación.
Por Redacción Contagio radio
Bogotá. Este 20 de julio el gobierno radicará ante el Congreso de la República, la reforma a la Ley de Víctimas o Ley 1448 de 2011, con el fin de garantizarle a las víctimas del conflicto armado una mejor atención y mayor acceso a sus derechos. La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hicieron el anunció el pasado jueves 8 de junio.
Esta nueva iniciativa se sumaría, no solo a la agenda que ya hace trámite en el Legislativo con las reformas a la salud, laboral y pensional, sino a otros dos nuevos proyectos que el presidente Gustavo Petro anunció que se radicarían: la reforma a los servicios públicos y a la Ley 30 de educación.
El ministro Osuna anunció que el proyecto sería radicado cuando inicie la segunda legislatura del Congreso (este 20 de julio), en ocasión de los 12 años de la Ley 1448. “(…) Vamos a convocar a todas las instituciones del Gobierno Nacional y a la sociedad civil para que exista una amplia participación”, anunció.
De acuerdo con el ministro de Justicia, se propone “mejor atención a las víctimas, acceso más efectivo y una actualización de la ley que fue hecha antes del Acuerdo de Paz” de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC-EP, para articularla con estos procesos de justicia transicional.
Según la directora Unidad para las Víctimas, de cara a la construcción del proyecto se va a citar un “gran foro público, para que las voces de las víctimas y de distintas, instituciones, gobierno y expertos, se puedan pronunciar respecto a estas transformaciones”.
Según la propuesta formulada por el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas, entre los principales cambios que se pretenden lograr está “el articular la política de víctimas con el Sistema Integral para la Paz, de manera que se satisfagan de mejor manera los derechos quienes han sufrido el conflicto armado, que a la fecha ya suma 9.472.019 de personas, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas y, así mismo, contribuir a la reconciliación, garantizando la dignidad de las víctimas y los derechos a la verdad y la no repetición”.
De acuerdo con Yagarí, la idea es poder “trabajar políticas que busquen soluciones efectivas y duraderas, para atender asuntos de hechos victimizantes, como el desplazamiento forzado”.
Otra de las propuestas para la reforma se centra en la superación de los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional (Sentencia T-025 de 2004), cuyo objetivo es proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población, con igualdad.
En diciembre de 2020 el Congreso aprobó la prórroga de la Ley por 10 años más y en enero de 2021 el presidente Iván Duque sancionó la norma para darle continuidad al proceso que han adelantado la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, las tres instituciones que nacieron de dicha ley. El gobierno Petro propone su actualización.
