En el marco de las acciones del día contra la violencia policial que se conmemora el 24 de febrero y en actos continuos, las organizaciones de víctimas, sociales y de DDHH siguen exigiendo el desmonte de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues consideran que es una regresión, que criminaliza y endurece las penas contra la protesta social y que no impide que se sigan cometiendo actos de abuso de autoridad, exceso de la fuerza o violaciones de DDHH.
Vale la pena recordar que ya son varias las demandas que pesan sobre esta ley impulsada por el gobierno y que ha sido presentada como una de las reformas necesarias de la policía, las cuales son exigencia del movimiento social. Además, estaría en contra de varios de los principios constitucionales en materia de respeto de los DDHH y garantías para el ejercicio democrático de la protesta.
Es inconcebible este concepto de “seguridad ciudadana” que estigmatiza y criminaliza a quienes ejercen su derecho a la protesta social, así como a quienes han propendido por la defensa de derechos bajo el rol de comisiones de verificación, brigadas de salud y medios alternativos de comunicación, siendo estos señalados y judicializados bajo
Comunicado organizaciones
argumentos endebles que buscan desestabilizar y apaciguar la movilización social.
En el comunicado, las organizaciones firmantes de esta petición hacen un recuento de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la Policía Nacional, que fundamentan la solicitud y la exigencia de desmonte de, por lo menos, trece artículos incluidos en dicha ley.
● 89 homicidios, 4 fueron cometidos contra mujeres, 78 contra hombres y 14 contra personas no identificadas.
● 1.929 personas heridas, de las cuales al menos 143 son mujeres, 676 son hombres y en 1.110 casos no fue posible identificar a las personas.
● 106 violencias basadas en género, de las cuales 23 corresponden a violencia sexual
● 343 agresiones a personas defensoras de DDHH
● 3.546 detenciones arbitrarias e ilegales, de las cuales la mayoría se hicieron bajo agresiones físicas, verbales, violaciones al debido proceso, violencias basadas en género, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
● 1.636 denuncias por abuso de poder y violencia policial.
Por estas razones insistieron en la necesidad de adelantar reformas profundas a las instituciones y a la concepción de seguridad del Estado. Entre las exigencias se encuentra el desmonte del ESMAD, que consideran urgente y necesario, así como «a) un poder judicial y disciplinario que investigue y juzgue eficaz y debidamente las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado; y, b) un control constitucional oportuno de la legislación que vele por la salvaguarda y el respeto de los derechos fundamentales como el de la protesta social y los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y campesinas.«
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