Proyecto de Seguridad Ciudadana. Fotografía ilustrativa Colprensa.
Este lunes 20 de diciembre se llevó a cabo el segundo debate del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (PL 266 de 2021 en Senado y PL 393 de 2021 en Cámara de Representantes). Ahora la Cámara de Representantes también le dio aval a la iniciativa presentada por el Gobierno de Iván Duque con un total de 103 votos a favor.
Este proyecto se presentó con «urgencia» el pasado 17 de noviembre por parte del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz Orejuela. Según lo plasmado en el documento de 166 páginas, «tiene por objetivo el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de procedimiento Penal; al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales; sostenibilidad del Registro Nacional de identificación Balística (…) Tiene como fin la creación del fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos con que deben contar autoridades para consolidar la seguridad ciudadana».
Sin embargo, congresistas opositores a este proyecto y defensores y defensoras de derechos humanos han manifestado su desacuerdo con lo plasmado por los ministros y advierten que puede traducirse en una persecución y judicialización de la protesta social y las labores en defensa de los derechos.
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Dentro de los argumentos para que este proyecto no sea una realidad es que no da repuesta efectiva a las motivaciones de los manifestantes que se movilizaron desde el pasado 28 de abril y por más de cinco meses, sino que da sanciones más fuertes a quienes «vandalicen» bienes públicos y privados, sin castigar a las personas que ejerzan «paramilitarismo urbano» u oficiales que hieran a los y las manifestantes.
La representante a la Cámara, María José Pizarro, también cuestionó la aprobación temprana del proyecto pues según ella, «estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo».
Dentro de los argumentos de la congresista están que, «crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado que no previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo. Aumenta la pena máxima de prisión de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario (…) Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad».
Dicho proyecto está pendiente por discutir en segundo debate de Senado de la República, el primero se llevó a cabo el pasado 9 de diciembre y la fecha de conciliación aun está pendiente de confirmación.
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