El presidente Iván Duque finalmente sancionó la polémica la Ley de Seguridad Ciudadana. Fotografía ilustrativa Colprensa.
Este martes 8 de febrero y en medio de una rueda de prensa, organizaciones sociales de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca, se sumaron a la ola de rechazos en contra la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley 2197 de 2022 fue recientemente sancionada por el presidente Iván Duque, exactamente el 25 de enero, y desde su anunció ha estado en el centro de la polémica.
Este proyecto se presentó con «urgencia» el pasado 17 de noviembre por parte del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz Orejuela. Según el documento dicha Ley «tiene por objetivo el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de procedimiento Penal; al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales; sostenibilidad del Registro Nacional de identificación Balística (…) Tiene como fin la creación del fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos con que deben contar autoridades para consolidar la seguridad ciudadana».
Lo anterior ha sido visto por muchos sectores como una amenaza de líderes y lideresas sociales y su defensa de los derechos humanos, además de también hacer judicialización de la protestas social. «es inconstitucional porque viola derechos fundamentales. Se refiere a varios aspectos a nivel nacional que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos y en este sentido, nosotros rechazamos profundamente a esta nueva norma que saca el Gobierno de Duque en respuesta al Paro Nacional y a la Minga Nacional que hemos adelantado las organizaciones sociales, organizaciones indígenas, CRIC y en ese sentido consideramos que afecta profundamente el derecho a la protesta social, afecta profundamente la estabilidad de las organizaciones sociales, pero habilita también está norma de manera dircta al parimilitarisma porque esta legitimando la fuerza letal», señaló un vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca.
«Habla de la defensa privilegiada y esa defensa tiene que ver con la protección a los bienes materiales, a la propiedad privada, está norma pone en la balanza la vida y los derechos a la propiedad privada. El Gobierno va a defender la propiedad privada, pero no dice nada de defender la vida (…) Esta Ley el Gobierno la está vendiendo como de beneficio ciudadano seguridad ciudadana, pero el espíritu de la Ley va en contra de los pobres, de lar organizaciones de DD.HH. de los defensores de DD.HH. (…) Por eso el Consejo Regional Indígena del Cauca y sus 139 autoridades le decimos al Gobierno de Duque que rechazamos la Ley 2197 y realizaremos acciones judiciales».
Representante CRIC.
Las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca también afirmaron que esta ley sancionada se da para perseguir a los «estudiantes universitarios que participaron de las protestas de 2021» y como estrategias de terror para infundir miedo y que se posiciones las mismas políticas tradicionales durante las elecciones de este año. Por ahora se anuncian acciones legales que puedan impedir que esta Ley continúe y se afirma que los días 8 de marzo, 28 de abril y 1 de mayo se realizarán manifestaciones a nivel nacional.
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