La ley de Seguridad Ciudadana que fue sancionada por el Presidente Iván duque este 25 de Enero ha sido duramente cuestionada, tanto durante su paso por el congreso, como ahora después de sancionada, pues representaría un peligro para la protesta social, dado que mucha de la normatividad que incluye podría dirigirse contra los manifestantes y además porque deja la imputación de los delitos al criterio de la policía.
Son varias las razones que han expresado los integrantes de partidos como el Polo Democrático, Colombia Humana, MAIS o la UP quienes encabezarán las demandas. Entre dichas razones hay algunas que se consideran más peligrosas que otras para el ejercicio de los derechos plenos de la ciudadanía y la garantía de que la Policía está para prestar seguridad.
La Ley de Seguridad Ciudadana establece la legítima defensa privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal en su habitación o vehículo. Este punto, según los legisladores de la oposición abre la puerta a la posibilidad de que se dispare el uso de armas de fuego, una de las banderas del uribismo.
Se considerará un peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural, quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal. Sobre este punto hay mayor preocupación puesto que se puede entender que una protesta que es reprimida por el ESMAD en la que los manifestantes responden con objetos pueden ser detenidos y judicializados.
“Es una ley que va contra la CIDH, le da un tratamiento punitivo, criminaliza la protesta social y establece unas penas como si la protesta fuera un problema de seguridad (…) hay algo y en el caso concreto de una obstrucción de la vía, ya lo están acogiendo como delito”
Senador Antonio Sanguino
Uno de los puntos fuertes de la Ley de Seguridad que ya había señalado este medio es que quién asesine a un miembro de la Fuerza Pública tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana de 58,3 años de prisión. Es decir que se establece la pena máxima por acciones en contra de la fuerza pública, desconociendo que el ejercicio de sus funciones está ligado a niveles de riesgo que no son comparables con los de un defensor de DDHH o un periodista, también cobijados con la medida.
Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país, lo que implicaría también la privatización del Sistema Carcelario, que no cuenta con estrategias de vigilancia para el cumplimiento de la ley.
Por estas y otras razones el Senador Iván Cepeda aseguró que demandarán la ley ante los organismos necesarios para que se protejan los derechos de los colombianos que salen legítimamente a protestar.
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