El departamento del Putumayo ha sido blanco histórico de la acción de grupos criminales y operaciones extractivas y de narcotráfico, que han victimizado a la población durante décadas. Lastimosamente el departamento vive un recrudecimiento de la guerra qué es muy preocupante para los habitantes y organizaciones de Derechos Humanos.
A ello se suma la crisis que enfrentó el departamento, producto de las medidas restrictivas por el COVID 19, que ha dejado 648 personas fallecidas y un total de más de 15.700 personas que han resultado contagiadas. En contraste, unas 60.000 personas tienen el esquema completo de vacunación, en un departamento con cerca de 350.000 habitantes.
Paramilitarismo y control por parte de los Comandos de Frontera
Al parecer, según denuncias de las comunidades y de las organizaciones sociales nacionales presentes en el departamento, los intereses de empresas petroleras, las rutas del narcotráfico, el control sobre las siembras de coca y la fuerte militarización ligada a intereses empresariales hacen que la crisis de violencia en el departamento no tenga posibilidades de solución si no se aplican medidas integrales.
Sobre los intereses de empresas petroleras en el territorio son varias las denuncias que se han realizado, incluso se desarrollaron diversas iniciativas para intentar mitigar los daños ambientales y sociales producidos por la Industria del petróleo.
La Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, con el liderazgo de ADISPA, organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión de Justicia y Paz ham venido señalando a empresas como AMERISUR, qué respaldadas por la presencia de la fuerza pública, en un momento y luego por los paramilitares de los llamados «Comandos de Frontera» han venido ampliando su presencia territorial a costa del desplazamiento y amedrentamiento de los campesinos y de comunidades indígenas.
Lea también: Congelan bienes de Amerisur por daños ambientales
Esa alianza se hizo evidente en el pasado mes de febrero cuando se denunció que ese grupo paramilitar hacía presencia, patrullaje y control en varios municipios, incluyendo Orito, incluso se publicó un video en el que este grupo paramilitar aseguraba que continuaría desarrollando este control y que también estaban para proteger a la empresa petrolera.
En contexto: Así operan los Comandos de Frontera en el Putumayo
Este mismo grupo ha venido desarrollando operaciones de control social en las que se prohíbe a los campesinos e indígenas emitir denuncias sobre lo que sucede en la región me amenazan de muerte a quienes decían hacerlo. A esta situación se suma la pugna por el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias del Frente 48 de las FARC y las fuerzas controladas por Gentil Duarte.
Amenazas de muerte y asesinatos de líderes sociales en Putumayo
Otra de las situaciones que ejemplifican los graves problemas que se enfrentan en el departamento es lo sucedido con la organización avispa y la lideresa de derechos humanos y campesina Janny Silva. El pasado mes de julio se conoció un tercer plan de asesinato en contra de la lideresa, lo que la obligó a salir nuevamente del territorio junto a su grupo familiar para evitar daños irreparables a su vida y a su integridad.
Janny como líder de ADISPA, promovió proyectos como la sustitución de cultivos de uso ilícito qué otros proyectos de desarrollo económico campesino que en este momento se ven afectados por la presencia órdenes y control de los paramilitares en medio de la fuerte presencia militar.
Y aunque en el departamento no se han registrado desplazamientos masivos hay registros que dan cuenta de que ni campesino indígena podrían actuar con libertad para decidir sobre sus territorios con planes agroambientales sostenibles y el respeto por el medio ambiente.
Por otra parte, INDEPAZ ha denunciado que solamente durante el 2021 han sido asesinados 9 lideres sociales y personas en proceso de reincorporación en el Departamento, el último de ellos es Miguel Muchavisoy en Sibundoy, un reconocido Taita del pueblo Nasa.
Militarización del territorio que no brinda garantías de seguridad
Una de las paradojas que enfrenta el departamento es que toda esta criminalidad se da en medio de una fuerte presencia militar pues allí se encuentran entre otros varios de los batallones de la Sexta División del Ejército y de la brigada 12 así como batallones de la Infantería y la armada.
Sin embargo no se observan resultados de combate o desmonte de estructuras paramilitares, que sean eficaces y que garanticen los derechos de la población en el departamento. Por el contrario, las acciones en torno a los planes de erradicación forzada se dirigen en contra de los campesinos y campesinas.
Varias organizaciones entre ellas la comisión de justicia y paz han reiterado los derechos que tienen las comunidades a vivir y decidir sobre sus territorios, sin embargo muchas las iniciativas que se han intentado desarrollar percibió truncada por la acción de los grupos armados.
