El aumento de los asesinatos en Putumayo en los últimos dos meses del presente año, evidenció, sin matices, la crisis de seguridad en el departamento, que llena de zozobra a las comunidades y limita el accionar de los movimientos sociales y de los/las líderes/as sociales que sienten temor. Pese a esta difícil situación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, convoca para el próximo 8 de julio la audiencia pública ambiental del proyecto Bienparado, bloque Put8 de la empresa Amerisur, hoy Geopark.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio
Puerto Asís, Putumayo. Lleno de verde y bañado por dos ríos (Putumayo y Caquetá) este departamento limítrofe con Ecuador y Perú y que se extiende desde el piedemonte de la Cordillera de Los Andes hasta la llanura amazónica, vive una violencia desatada en los últimos años y que ha tenido un aumento significativo en estos dos meses por la misma semilla de su desarrollo: la coca.
La una es consecuencia de la otra y la puja por adueñarse de rutas del narcotráfico, por equiparar cada vez más áreas cultivadas y por tener un sustento para vivir; sustento cada vez más escaso y que ahora no les da ni para comer a campesinos e indígenas; y no porque el negocio no sea lucrativo, sino porque ya no hay quién la compre.
Como en muchos territorios de Colombia, el vacío de poder dejado por las extintas FARC tras la firma de los Acuerdos del 2016 no fue debidamente copado por la institucionalidad, lo que permitió la entrada de actores armados que buscaban hacerse con las lucrativas rentas de las economías ilegales. Naciones Unidas calcula que Putumayo concentra el 16 % del área sembrada de cultivos de coca. Puntualmente 31.874 hectáreas.
Hoy se disputan el control territorial y el control de la cadena productiva de la hoja de coca, el Frente Carolina Ramírez, disidencia de las FARC de la llamada línea de “Gentil Duarte”; y los Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupo armado ilegal resultado de alianzas entre diversas organizaciones criminales como La Constru, La Empresa, La Mafia Sinaloa, y que han manifestado estar bajo la línea de la Segunda Marquetalia. La Fuerza Pública parece no poder controlar esta situación.
Según organizaciones de derechos humanos, en el departamento han aumentado las muertes violentas, ya van cerca de 10 asesinatos en los últimos dos meses. “Es urgente superar la crisis social que atraviesa el país. Por eso el llamado es al cese bilateral urgente con todos los grupos armados y establecer mecanismos de verificación que den cuenta del compromiso tanto de gobierno como de los grupos armados que así lo pacten”, señaló la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La sociedad civil, la más afectada
Las comunidades se encuentran atemorizadas y las denuncias son escasas por miedo a represalias. Se viene hablando de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito desde 1995, año en el que el Movimiento Cívico Regional negoció con el Gobierno una salida al problema de las drogas, que quedó consignada en el Acta de Acuerdo del 11 de enero de 1995, que el gobierno no cumplió. Varios años después (27), el incumplimiento se repite con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), plan desprendido del Acuerdo Final de Paz del 2016.
En el territorio, todavía hay voluntad de sustitución cultivos, sus organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, exigen una salida democrática a esta situación. En su momento 16.523 familias se inscribieron al PNIS, lo que representa el 20% del total de familias inscritas en el programa a nivel nacional, según cifras reveladas por la organización Pares.
A pesar de esta voluntad, es siempre la población civil quien queda en medio. Por un lado, es víctima de la estigmatización por parte del Estado; y por el otro, está en medio de las confrontaciones entre los intereses de los diversos grupos armados ilegales que operan en la región.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, hasta el 19 de febrero de 2023, según el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, se han cometido 113 homicidios a personas protegidas (es decir, líderes y lideresas sociales y excombatientes de Farc en proceso de reincorporación). Por su parte Indepaz asegura que en lo que va corrido del 2023 se han registrado 44 masacres, 76 líderes y lideresas asesinados y 15 firmantes del acuerdo de paz asesinados.
Y es que someter a la población civil es la principal herramienta que tienen los grupos al margen de la ley para presionar al Gobierno. Para Yuly Artunduaga, defensora de derechos humanos, “los últimos meses han sido meses muy difíciles y han generado mucho terror en los territorios, muchas muertes de jóvenes en zonas urbanas y rurales, se alcanza evidenciar mayor copamiento de algunos actores armados en lugares en donde antes no estaban”.
Artunduaga pide al Gobierno que agilice los diálogos, y protocolos del cese al fuego y la delimitación territorial. “Necesitamos se retome el cese al fuego, que se establezcan mecanismo de verificación claros y oportunos, que no se extienda un mayor control territorial por parte de estos grupos armados, algo que nos preocupa muchísimo, porque están en lugares en donde antes no estaban”. Asimismo, pide que cese las estigmatizaciones, los secuestros, las desapariciones y las muertes de las personas que habitan los territorios.
Aseguró que toda esta situación ha generado miedo y desplazamiento, y que esta realidad hace que, por ahora, el movimiento social no intervenga. “Debido a las amenazas, el movimiento está atado para actuar, es muy peligroso, por lo que necesitamos acciones más concretas (por parte del Gobierno) en los territorios que están en disputa para preservar la vida de las personas”, dijo la líder social.
A la pregunta: ¿qué le hace falta a la Paz Total?, Artunduaga aseguró que “mayor agilidad, mayor caracterización de los grupos armados que hacen presencia en el territorio (…) para que así el Gobierno tenga en su política de seguridad una ruta clara de intervención y establecer posibles nuevos actores que en medio de estos acercamientos de diálogos pueda estarse aprovechando para configurarse o hacer nuevos desordenes”.
Es necesario implementar acuerdos humanitarios que alivien la situación de las comunidades. “Las comunidades no tenemos por qué estar en medio de este conflicto y somos nosotros las personas que en los territorios estamos en medio de un grupo o de otro y eso nos está perjudicando. Estos acuerdos deben ser una regla en el marco del proceso de paz que se desarrollé con estos grupos porque no puede haber más civiles desaparecidos”, indicó Artunduaga.
Frente a este difícil panorama, siguen los proyectos económicos
Sin embargo, y frente a este panorama difícil en materia de derechos humanos, el pasado viernes 23 de junio, se conoció Edicto por parte de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, dónde convoca para el próximo 8 de julio la audiencia pública ambiental del proyecto Bienparado, bloque Put8 de la empresa Amerisur, hoy Geopark.
Según organizaciones de derechos humanos “desconcierta que instituciones que deben garantizar la vida e integridad de pobladores rurales, ceden a las presiones económicas de proyectos cuestionados, con sombras sobre las garantías reales de participación y sobre la situación de derechos humanos y ambientales que siguen deteriorando el ecosistema amazónico”.
Asimismo, las organizaciones dejan una pregunta en el aire: “¿Cuál será la postura del gobierno del presidente Petro sobre la explotación petrolera en la amazonia en medio de la continuidad de la presencia y control armado ilegal en la zona?”.
Sobre este particular, las comunidades de la Red Somos Génesis siguen afirmando su propuesta de suspender proyectos económicos en zonas donde el conflicto armado sigue vigente e impide la libre determinación de las comunidades rurales y urbanas, hasta tanto se garantice integralmente la vida, integridad, participación y autodeterminación.
