ETCR Urías Rondón de los firmantes de paz en Yarí. Fotografía ilustrativa Prensa Rural.
Desde hace varias semanas, los firmantes de paz en Yarí, caserío de Playa Rica en el municipio de la Macarena, Meta, han denunciado diversos ataques violentos en contra de las y los excombatientes acogidos al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR Urías Rondón. Este 7 de diciembre, los y las excombatientes nuevamente fueron víctimas de esta situación, esta vez, fueron atemorizados por los ataques explosivos de grupos armados en contra del Ejército Nacional.
Desde el mes de octubre, las familias de reincorporados han sido víctimas de hostigamientos reflejados en la quema de los vehículos de sus esquemas de seguridad, que además son realizados por excombatientes que han sido despojados de su indumentaria. Este nuevo hecho, según el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes, ha causado un riesgo inminente a 31 familias firmantes que tendrán que desplazarse y representa amenazas contra la vida de otras 12 familias que por ahora se mantendrán en los llanos de Yarí.
El Gobierno Nacional, a través de el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, afirmó que el desplazamiento de otras 43 familias de reincorporados con dirección al municipio de El Doncello en Caquetá, no obedece a temas de violencia, sin embargo desde tiempo atrás se han registrado este tipo de hechos, como consecuencia de la fuerte presencia de posibles grupos disidentes.
“Grupos armados han generado desplazamiento de 106 familias, 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, del colectivo en reincorporación Urías Rondón. Urge el acompañamiento humanitario a los firmantes de paz. Su vida está en grave riesgo”, afirmó hace varios días Rodrigo Londoño, presidente del partido político, Comunes.
Por su parte, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Raúl Hernando Flórez, manifestó que siguen al frente de la situación de violencia e investigando. Sin embargo, el CNR, exigió al Gobierno Nacional el cese de los ataque y responsabilizó al presidente Iván Duque y a la institucionalidad por lo que pueda pasar con las familias del ETRC.
Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, desde 2016 con la firma del Acuerdo de Paz entre exguerrilla de las FARC-EP y Gobierno Nacional han sido asesinados 293 firmantes de paz, 44 de ellos y ellas en este 2021. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reporta 296 firmantes asesinados, 67 tentativas de asesinato y 21 desapariciones forzadas.
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