Las denuncias que se han hecho frente a la adquisición de tierra, a las obras para sus adecuaciones y a las ocupaciones de predios por parte de campesinos víctimas de la violencia ha hecho que varios líderes y periodistas sean amenazados. Actualmente, existe una disputa entre uno de los principales empresarios palmeros del país, Carlos Murgas, presidente del Grupo Empresarial OleoFlorez, y 42 familias por un pedazo de tierra de 50 hectáreas.

Por Carolina Toro Leyva

Bogotá. “De una manera solitaria mis amigos y yo iniciamos en el 2013, cuando aún estábamos en el colegio, un proceso de verificación de daños ambientales que se realizaban a la orilla de la represa El Playón que hace parte del sistema de riego de María La Baja” (municipio ubicado al margen izquierdo del Canal del Dique, en el noroeste del departamento de Bolívar), así recuerda los primeros años de lucha este periodista del caribe colombiano quien ha venido investigando y denunciando las irregularidades que se han presentado en la adquisición de predios en esa zona del país.

Actualmente, existe una disputa entre uno de los principales empresarios palmeros del país, quien fue ex ministro de Agricultura, Carlos Murgas, y 42 familias campesinas que ha decidido ocupar un predio cercano a la represa, de aproximadamente 50 hectáreas, que separa la finca La Candelaria (predio privado) del embalse Matuya (que hace parte del sistema de riego de María la Baja, Montes de María). Los campesinos se han organizado bajo el nombre de Asocaafro (Asociación de Afro-campesinos afrodescendientes de María La Baja) y quieren seguir su lucha por recuperar su territorio.

Según una investigación titulada La franja de tierra que enfrenta a campesinos y palmeros en María La Baja, Bolívar, publicado por el portal de noticias Verdad Abierta y Consejo de Redación (CdR)  “en la región hay muy poca tierra para la siembra de cultivos de pancoger y este predio denominado La Franja, que cuenta con un sistema de linderos realizados por el extinto HIMAT, al parecer hace parte del lote de 102 hectáreas que fue adquirido por el Incora en los años 70 a los primeros dueños de La Candelaria. Posterior a su llenado, una porción de tierra quedó por encima del nivel de las aguas y ese lote es el que hoy es motivo de disputa entre empresarios y campesinos”.

Vista de una parte del lote La Franja que separa la finca La Candelaria del embalse Arroyo Matuya, predio que hoy es motivo de disputa entre uno de los principales empresarios palmeros del país, Carlos Murgas, presidente del Grupo Empresarial OleoFlorez, y 42 familias campesinas. Foto: archivo particular.

Asimismo señala la investigación que “todas las tierras a orillas de las represas pertenecientes al Distrito de Riego son bienes baldíos, ya que fueron comprados por el Incora, hoy todos están en manos de empresarios y palmeros, quienes no permiten pescar o transitar por ellas (…) Entre el 2008 y el 2010 empezó a llegar maquinaria pesada y a realizar un trabajo de remoción de tierra en el muro de contención del embalse de Playón, uno de los tres embalses hecho por el Incora, algo muy peligroso porque debilita la estructura y puede ocasionar una catástrofe que afectaría a las más de 10 comunidades ubicadas en la zona baja del embalse”.

En entrevista con Contagio Radio el colega* señaló que estas obras se adelantaron para construir un muelle e iniciar el cultivo de palma africana y piña en la zona. “Estas obras se hicieron en plena luz del día y contaron con el respaldo de quien ese momento era el director de Usomarialabaja (Asociación de Usuario del Distrito de Riego de Maria La Baja quien se encuentra hoy en control de los Palmeros). Además, Cardique o el Incoder nunca hicieron presencia o verificaron el tipo de daños que se estaban presentando en la estructura del embalse. Hoy se puede ver como un ferry de propiedad de la empresa Inversiones Tapias Villamizar SAS, carga y descarga containers de piña y otros materiales en el puerto de uso comunitario de los habitantes de Palo Altico y el Playón nos negamos a abandonar”, asegura.

Al poco tiempo el panorama de la región cambió y el cultivo de Palma africana se expandió hasta ocupar cerca del 80% de la producción de toda la zona. En el 2006, Murgas se posesionó como representante legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras a Gran Escala de María La Baja (Usomarialabaja) y asumió la administración del Distrito de Riego, el cual redireccionó para el impulso del cultivo de palma. Con esta ventaja y las medidas adoptadas durante la administración Uribe y Santos para incentivar el cultivo de palma africana, este monocultivo pasó de tener 426.000 hectáreas en el 2012 a más de 512.000 para 2017.

Y continúa la lucha

De acuerdo con la investigación publicada en Verdad Abierta y Consejo de Redación (CdR) “Murgas es dueño del grupo empresarial Oleoflores S.A., una empresa dedicada al cultivo de palma que tiene más de 50.000 hectáreas sembradas en los departamentos de Bolívar, Cesar, La Guajira y algunos municipios de Norte de Santander. Además de la siembra de palma, participa en todo el circuito comercial: recoge las cosechas, transforma el fruto en sus derivados y los comercializa”.

“Estaba haciendo grado 11 y me tomé el atrevimiento de crear un grupo de jóvenes que hicieran sus obras sociales en procesos medio ambientales. (…) Un día cerraron un puerto en donde las comunidades tienen sus canoas para ir a las fincas y también para bañarse, afectando completamente nuestras vidas. Entonces nosotros arrancamos las cercas y ellos las volvieron a instalar y nosotros otra vez la quitamos”.

Esta acción valerosa le valió la primera amenaza contra su vida, en el año 2013. La segunda la recibió este año luego de publicar su investigación sobre la disputa por ese predio de 50 hectáreas en el portal de noticias Verdad Abierta y Consejo de Redación (CdR). Este hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía y la FLIP. “(…) En esa época me interceptaron dos ‘tipos’ en una moto por uno de los caminos del pueblo. Con un acento no costeño, y lo que me dijeron es que ya sabían en dónde vivía y que estaba haciendo y que eso no era asunto mío y me dijeron el nombre de mi papa. La otra, fue hace unas semanas de manera telefónica”.

Pese al temor, decidió seguir luchando por los temas medioambientales, por denunciar los hechos de corrupción que todavía se vienen presentando en los procesos de compra y posesión de tierras y baldíos de la nación en el departamento de Bolívar, de donde es oriundo, y tomar medidas propias de autoprotección.

Panorama difícil en María La Baja

Actualmente, la zona está sitiada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, quiénes a finales del mes de enero repartieron panfletos conmemorando el natalicio del líder Jorge Eliécer Gaitán. Una situación que ha llenado de zozobra y temor a las comunidades. “El ejército y la Policía no entra en la zona por temor (…) los cadáveres duran hasta 3 ó 5 y solo vienen por ellos cuando la población se ‘rebota’ y entran con tanquetas que traen de Cartagena”, precisa el periodista.

Y es que históricamente María La Baja ha sido golpeada duramente por el conflicto. Según el informe entregado por las víctimas como contribución a la construcción de los Informes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) solo en María La Baja, las AUC perpetraron siete masacres que dejaron 44 personas asesinadas y centenares de familias desplazadas.

La investigación señala que “En las últimas décadas, los Montes de María han visto la aparición de personas que llegaron a la zona a adquirir grandes extensiones de tierra. Tierras que luego vendieron a una segunda generación de compradores y firmas ganaderas. Después de la desescalada del conflicto armado en la región, este grupo de propietarios vendió sus predios a una tercera generación de compradores que en su mayoría representan a firmas y conglomerados empresariales, que luego de demostrar la tradición notarial pusieron en marcha grandes proyectos agroindustriales y ganaderos en territorios habitados tradicionalmente por comunidades étnico territoriales y campesinas que habían salido desplazadas de sus hogares por la violencia”.

Los líderes campesinos de las comunidades cercanas al Distrito que han emprendido estas acciones han sido amenazados varias veces por la seguridad privada del empresario, perseguidos judicialmente ya que varios de ellos han tenido procesos en la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente y daño en bien ajeno por reclamar acceso y uso de las aguas contenidas en los embalses y las tierras baldías del Distrito.

Con el asesoramiento de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han iniciado varios procesos. Como lo ha sido el de la Asociación de Afro-campesinos de María La Baja (Asocaafro), quienes han presentado varias solicitudes de restitución de tierras. En el 2014, solicitaron ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que la finca La Candelaria fuera incluida en el Registro Único de Tierras Despojadas y han hecho varias demandas ante la entidad para que les devuelvan las tierras, pero la respuesta ha sido negativa.

A esta lucha se sumó, el año pasado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Forest Peoples Programme (FPP) “Quienes han venido apoyando y asumieron la defensa de dos procesos más en contra del empresario”, precisó y agregó: “Ahora la idea que tenemos es seguir trabajando en la zona, para sacar a la luz pública todo lo que está ocurriendo en la región. Los planes de incidencia futura se están discutiendo en comunidad para poder avanzar de manera segura en cada caso”.

Las organizaciones campesinas, étnicas y populares de María La Baja en los últimos 4 años se vienen encontrando alrededor de La Mesa Agua, proceso que busca generar espacios de diálogos abiertos con los distintos actores presentes en el Distrito sobre las problemáticas en el acceso y uso del agua que aqueja a todo el municipio y a la región.

*Su nombre no es revelado por medidas de seguridad.