En la ponencia, elaborada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se advierte que la norma tuvo vicios de trámite. Dicha ley habilita al Gobierno nacional a hacer acercamientos de paz con organizaciones como disidencias de las Farc, grupos de narcos y el Clan del Golfo. Aún falta la votación final.

Por Redacción Contagio

Bogotá. En la noche de este lunes 26 de junio y ante el despacho de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez entregó la ponencia para estudio de la denominada Ley de Paz Total, con la que el Gobierno de Gustavo Petro sentó las bases jurídicas de una de sus principales apuestas.

De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el documento es diametralmente opuesto a los intereses del Ejecutivo y lo que pide es que se tumbe. En efecto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró en su análisis jurídico que esa norma tuvo vicios de trámite, entre ellos el de no haber contado con el concepto previo que se le debe pedir al Consejo de Política Criminal.

La norma que con esta ponencia quedó tambaleando es la 2272 de 2022, con la cual Petro –al comienzo de su administración y cuando aún contaba con el respaldo de una coalición política– le hizo una cirugía a la ley de orden público para facilitar escenarios de diálogo con grupos ilegales como el Clan del Golfo o las narcobandas que operan en el Valle de Aburrá y con las cuales ya hay una mesa en proceso.

El análisis de la Ley de La Paz Total, que el Jefe de Estado ha defendido en diversos escenarios nacionales e internacionales, se originó en una demanda de constitucionalidad que interpuso Javier Pava Quiceno, quien alegó que varios de los puntos que se ponen de relevo en esa cirugía a la ley de orden público atentan contra la Carta Política de 1991.

Sobre esta norma, incluso, el mismo Ibáñez les había solicitado a sus colegas de sala que se le permitiera la suspensión de vigencia de varios apartados, pero la petición le fue negada. Eso sí, se sentó el precedente jurídico de que la Corte sí podría suspender la entrada en vigencia de una norma mientras la estudiaba en su seno.

Dentro de este expediente ya existía un concepto de la Procuraduría que, precisamente, le pedía a la Corte tumbar una norma con la que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha buscado espacios de acercamiento con bandas como La Oficina y Los Pachelly (ambas paisas).

De acuerdo con el Ministerio Público, “las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”.

En sentido contrario, de acuerdo con los archivos de la Corte Constitucional, el Gobierno había presentado documentos pidiendo que se mantuviera vigente esta norma y que se le diera su visto bueno de constitucionalidad.

Uno de ellos lo remitió la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, en el que incluso aseguraba que narcodisidencias como la de Iván Márquez, pese a haber desertado del proceso de paz en la administración de Juan Manuel Santos, podían tener un reconocimiento político. Y, aunque eso levantó polémica y se intentó enmendar con otro concepto, el paso se dio y actualmente hay mesas exploratorias con esos grupos y con el ELN.

“La determinación de adelantar negociaciones con fines políticos o de sometimiento es del resorte del Gobierno”, se lee en uno de esos documentos. Lo cierto es que, si prospera la tesis del magistrado Ibáñez, el presidente Petro recibiría un duro golpe en su administración porque se queda sin el piso jurídico para apostarle a los acercamientos con sectores ilegales.

En qué consiste la Paz Total

El objetivo del mandatario colombiano es alcanzar la paz en el país, a través de la negociación con los diferentes grupos armados que han estado involucrados, por varias décadas, en un conflicto que ha dejado miles de víctimas, y en el sometimiento a la justicia de bandas criminales.

La Ley otorga facultades al presidente, al Alto Comisionado de Paz y al gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales.

En su momento, el entonces ministro del Interior Alfonso Prada explicó que se crearía una Comisión de alto nivel, conformada por el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado de Paz y el director nacional de Inteligencia, quienes serán los encargados de “calificar el tipo de organizaciones” con las que se mantendrá “un diálogo político (…) Reconocemos en la organización un estatus político -como en el caso del ELN- o si se califican como una organización de alto impacto criminal”, detalló el exfuncionario.

En este sentido, Prada consideró los grupos armados “no tienen un diálogo político”, sino “un acogimiento a la justicia de conformidad con las reglas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y naturalmente con las reglas que definió el Congreso de la República”.

En este marco, líderes e integrantes de las bandas podrían acogerse a beneficios -como rebajas de penas- si entregan información relevante, como las rutas del narcotráfico y el paradero de sus fondos, producto de actividades ilícitas, y reparan a las víctimas.

El proyecto también incluye un fondo para la paz, creado para garantizar una importante inversión social en zonas que han sido golpeadas por la violencia, que generalmente están apartadas. La Ley también establecerá «regiones de paz» para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley.

Igualmente, se destaca el Servicio Social para la Paz, que se ha planteado como una alternativa al Servicio Militar Obligatorio, y como una opción para que los jóvenes presten servicio. Así se cuentan con 11 modalidades como la alfabetización, el trabajo en la reforma rural integral, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de personas vulnerables, la promoción de la cultura, entre otras.