Este martes 17 de octubre la Defensoría del Pueblo presentó el cuarto Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, un documento que detalla el seguimiento que ha hecho a la ejecución de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.
El informe, de 350 páginas, cubre el periodo entre el 1.° de enero y el 30 de junio de 2023, y comienza por reiterar la importancia de implementar el acuerdo de paz y de que se concentren mayores esfuerzos para coordinar directrices y política que permitan su ejecución y seguimiento.
Por otra parte, la Defensoría resaltó dos hechos positivos, en los últimos meses, para la implementación: el primero, la aprobación del acto legislativo que establece la creación de la jurisdicción agraria y rural, “lo cual impactará en el acceso ágil y efectivo del derecho a la justicia del campesinado y de pueblos étnicos”.
El segundo, la adopción del acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, “con lo cual se reafirma su dimensión cultural, social, política y económica, elevando a rango constitucional la protección de sus formas territoriales campesinas, modelos organizativos y conocimientos tradicionales”.
Reforma Rural Integral (RRI)
Hay que fortalecer acciones para avanzar la meta de tener 3 millones de hectáreas en el Fondo de Tierras, pues al 31 de marzo de 2023 había allí 2’233.168 hectáreas, es decir, que se encuentra pendiente 766.832 hectáreas para dar cumplimiento con dicha meta.
Así mismo, se hizo un llamado sobre el catastro multipropósito, pues para la Defensoría, a hoy “no se cuenta con una información certera sobre el avance real del catastro multipropósito” debido a una desactualización en los sistemas de información, así como al “rezago anual que presenta y la posibilidad de su interoperabilidadentre los gestores catastrales”.
Sobre el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, la Defensoría indicó que es urgente la inclusión de indicadores que permitan verificar el desarrollo de la frontera agrícola, las áreas de especial interés ambiental y la franja de estabilización de la frontera agrícola.
Participación política
La Defensoría dijo que se ha evidenciado un endurecimiento en el accionar criminal de grupos armados ilegales y del crimen organizado contra defensores de derechos humanos y líderes, “en virtud de ello, se hace necesaria la construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a abordar la situación de riesgo”, se lee.
Es por esto que en la presentación del informe, el defensor Carlos Camargo señaló que la capacidad de intimidación de los grupos ilegales “y la ausencia estatal en las regiones hace necesaria la presencia efectiva del Estado para que garantice la implementación de las políticas públicas en los territorios”.
En cuanto al punto 3 del acuerdo de paz, que es sobre fin del conflicto, la Defensoría subrayó, entre otras cosas, que es importante garantizar que la ruta de acceso a tierras para excombatientes “no solo priorice el desarrollo de proyectos productivos, sino que comprenda de manera concomitante soluciones de habitabilidad que contribuyan a la disminución de niveles de vulnerabilidad de esta población”.
Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos
La Defensoría indicó que la ejecución de proyectos productivos del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que es el corazón de la propuesta, tiene un avance del 2 por ciento.
“Es preocupante que la activación de proyectos productivos de ciclo largo registre un avance únicamente del 2 por ciento frente a un universo total cercano a las 100.000 familias, teniendo en cuenta que estos proyectos son esenciales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria”, subrayó el defensor Camargo.
En ese sentido, el organismo de derechos humanos señaló que se deben priorizar las regiones que registran las mayores afectaciones a derechos asociadas a la siembra de cultivos ilícitos, como Cauca, Putumayo y Norte de Santander.
Además, se indica que la presencia de grupos armados, su injerencia indebida, capacidad de intimidación en los territorios, “más la ausencia del Estado, han hecho que las cifras previstas como avance resulten deficitarias”.
Por eso Camargo hizo un llamado a que haya una “presencia efectiva del Estado para garantizar que las políticas públicas puedan ser implementadas en los territorios”.
Falta de articulación
En el punto 5, que es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, el informe de la Defensoría cuestiona que hay “un rezago evidente de avance en garantía de derechos de las víctimas y sobre todo de los sujetos susceptibles de las reparaciones colectivas”, así como un bajo nivel de implementación del programa de reparación colectiva “que estanca el proceso de la reparación integral de los sujetos, familias y territorios”.
También se dice que hay una “evidente” restricción en el acceso de los colectivos a que sean incluidas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV); y precisamente frente a reparación colectiva “se confirma la persistencia de falencias institucionales que impiden el avance de las solicitudes de reparación colectiva”.
En ese punto se presentaron cifras como que solo el 6 por ciento del total de sujetos de reparación colectiva han llevado a término el proceso. “Las debilidades en la coordinación institucional agudizan el incumplimiento de las disposiciones orientadas al cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva”, se concluye al respecto.
Además, el organismo de derechos humanos dijo que hay “improvisación” en la implementación, pues a comienzos de año, con el tercer informe, se habían hecho algunas recomendaciones que debían ser atendidas de manera inmediata por parte de la institucionalidad; sin embargo, estas se mantienen seis meses después.
“En nuestro más reciente informe ya habíamos advertido que era evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y, por ende, de implementación de los puntos del Acuerdo Final, además identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, sostuvo Camargo.
Por último, el Defensor advirtió que la política de ‘paz total’ en la cual el Gobierno actual está adelantando acercamientos de paz con varios grupos armados no debe afectar la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la exguerrilla de las Farc.
“Ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de paz total del Gobierno no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”, concluyó Camargo, añadiendo que el acuerdo de paz necesita un impulso que se materialice en la mejora de cada uno de los indicadores.
