Entre el 2018 y este 2023 para 27 de los 31 municipios del departamento persiste la violación de derechos humanos de la población civil, situación que tiende a agravarse por cuenta de las disputas armadas entre los grupos al margen de la ley y el abandono estatal. Urgen medidas de fondo para subsanar los problemas estructurales que sufre el departamento desde hace décadas, señala el ente estatal.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. Según un informe entregado por la Defensoría este 13 de julio, entre enero y junio de este año fueron registrados 71 eventos, alrededor de 14.000 personas confinadas en 11 municipios; es decir, 71 comunidades resultaron afectadas. El paro armado del ELN, que se levantó este 13 de julio, pero que tuvo confinadas a 52 comunidades en cinco municipios de la subregión del San Juan, aproximadamente 9000 personas. Un total de 123 comunidades, unas 23.000 personas, han padecido el rigor del conflicto armado en lo que va de este 2023.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a los entes nacionales a volver la mirada hacia el Chocó, gobernar desde el territorio y adoptar planes de acción y rutas efectivas de atención, pues el conflicto y la precaria respuesta estatal han agudizado la crisis humanitaria que padecen las comunidades en esta región del país.
“La respuesta estatal ha sido precaria, en consecuencia, ha agudizado la crisis humanitaria que padece la población civil. Es un departamento que, pese a la violencia generalizada, ha resistido los embates de la indiferencia de las instituciones nacionales, que deben pasar cuanto antes por el departamento, establecer campamento permanente y adoptar medidas de fondo”, señaló el defensor del pueblo Carlos Camargo Assis.
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Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que en los últimos cinco años la entidad ha advertido riesgos para 27 de los 31 municipios que tiene el departamento. Este año la violencia sigue presente en: Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó, aseguró la entidad.
A ello se suman las pocas denuncias realizadas de manera formal. “La falta de confianza en la institucionalidad, la tardanza en las respuestas, la carencia en la valoración para la adopción de medidas de protección y la intimidación ejercida por los grupos ilegales hacen que el silencio reine entre quienes están amenazados, sus familias y las comunidades”, indicó Camargo Assis.
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Asimismo, la defensoría aseguró que la disputa territorial entre la Guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones, entre otros.
“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos lo esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, dijo el Defensor del Pueblo.
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