A un año y once meses del desplazamiento forzado de la comunidad Wounaan de Santa Rosa de Guayacán en el Bajo Calima, municipio de Buenaventura departamento del Valle del Cauca, se sigue a la espera de respuestas eficaces por parte del gobierno colombiano. Continúa el desplazamiento, la ausencia de Estado, de garantías de no Repetición para Retornar.
En este su cuarto desplazamiento forzado la comunidad ha sido objeto de hechos revictimizantes por parte de la institucionalidad y ha revivido la negación que históricamente han vivido los pueblos originarios. Advertida suficientemente por nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, la grave crisis social y humanitaria persiste en Buenaventura, los Ríos Calima y San Juan entre el Valle del Cauca y Chocó.
A pesar de los varios informes públicos, Constancias Históricas y de las reuniones de seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- de las que son beneficiarios los miembros de esta etnia Wounaan, existe una ausencia de acciones por parte del Estado y gobierno colombiano que conduzcan a prevenir hechos como desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos, infracciones al DIH.
En este tiempo, casi dos años, se ha evidenciado una vez más la incapacidad institucional para responder en justicia y derecho a esta comunidad, así como a otras comunidades Wounaan y negras de este territorio que se encuentran en las mismas condiciones de desplazamiento en la ciudad de Buenaventura.
Las instituciones y entidades que deben velar por la atención de la población desplazada no han cumplido como lo indica la jurisprudencia colombiana y como lo determinan los estándares internacionales en derechos humanos respecto a la atención de la población desplazada.
La comunidad Wounaan de Santa Rosa de Guayacán, como antecedentes que deben generar vergüenza al Estado colombiano, se ha desplazado a causa del conflicto armado en 2004, 2010, 2017 y el 25 de noviembre de 2021. En este último desplazamiento la comunidad vivió temor y zozobra por la acción de tres actores: el ELN, las AGC y el Ejército colombiano. Estos violaron los principios del DIH al ingresar al Resguardo Humanitario y Biodiverso donde se encontraba la comunidad preparándose para sus actividades cotidianas, trabajo, estudio, pesca, recolección, siembra. La comunidad quedó expuesta a cualquier daño irreparable. Esta acción de los tres actores armados obligó al desplazamiento de las 29 familias que ahí se encontraban.
La ausencia de condiciones dignas para la supervivencia que ha tenido que afrontar la comunidad desde su llegada a Buenaventura, requirió la interposición de una acción de tutela, en la que el juez quien conoció del asunto observó la gravísima situación en la que se encontraba esta comunidad. Este juez en su ética profesional al constatar las condiciones infra humanas emitió un fallo en enero de 2022 en favor de ésta, exigiendo a las instituciones del gobierno, el inmediato cumplimiento de sus deberes y salvaguarda de los derechos de la comunidad. No obstante, este fallo importante no se ha cumplido.
Asimismo, en el marco del proceso de restitución de tierras que conoce el Juez Primero Civil Del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santiago de Cali se desarrolló una inspección insitu al resguardo Biodiverso Santa Rosa de Guayacán el 4 de julio de 2023 donde también constató el abandono en el que se encontraba lo que fue el caserío de esta comunidad. La ausencia de respuestas por parte del Estado llevó a exigir un acto público de perdón al Ejército de Colombia por no garantizar la protección de la comunidad.
Ante la inasistencia institucional y la poca voluntad política del gobierno colombiano, ha llevado que la supervivencia de la comunidad dependa de la recolección de alimentos por el banco de alimentos de la Diócesis de Cali y por algunas pequeñas ayudas humanitarias de agencias de cooperación. La responsabilidad institucional ha recaído en la diócesis y en la organización que apoya y asesora a esta comunidad.
La comunidad ha construido una propuesta de exigencias de derechos para el retorno que ha sido presentada a las comisiones de gobierno y el ELN en el marco de los alivios humanitarios. También ha presentado su propuesta de retorno donde ha establecido diferentes fases, iniciando una primera fase -ya realizada- del 29 de septiembre al 04 de octubre, denominada de alistamiento, armonización espiritual y acercamiento al territorio.
En esta fase se destaca el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que auspició la actividad convocando a algunas entidades de gobierno, en este espacio se socializó con funcionarios de UARIV, DNP, Ministerio del Interior y a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorial las demás fases que había pensado la comunidad para continuar su proceso de retorno, a saber:
- 25 de octubre segunda fase de pre-retorno, que se le denomina la fase de la siembra en la que 31 personas de la comunidad irán al resguardo a desarrollar esta actividad.
- Fase de la adecuación de los espacios comunes para albergar a las primeras familias que iniciarán el regreso al resguardo.
- Fase de construcción de 30 viviendas familiares, puesto que se constató por el juez y en la primera fase realizada, que no existe vivienda habitable en el resguardo.
- fase de retorno colectivo de toda la comunidad.
Esta visita en la primera fase lo hicieron asumiendo el riesgo de lo que pudiera existir en el caserío y sus alrededores, pues, aunque se elevó una solicitud por el gobernador del resguardo a un comandante de la Fuerza Pública de apellido Macías del Batallón de Infantería de Buenaventura, con el fin de realizar una inspección técnica por parte de la Fuerza Pública en el caserío, descartándose así el riesgo de artefactos explosivos, no fue respondida. Se espera que para la próxima fase si se realice esta acción de verificación y haya respuesta institucional de manera célebre y completa.
Para que este retorno sea posible se requiere el compromiso serio y eficaz de las instituciones de gobierno y Estado responsables en cada tema o derecho de la comunidad, sin dilaciones, justificaciones o evasión de los deberes legales y constitucionales. La segunda fase estaba programada para el 25 de octubre, pero fue pospuesta para el 1 de noviembre de 2023 Esta comunidad no puede seguir soportando la re victimización, olvido y silencio institucional después de cuatros desplazamientos forzados sobre los cuales el Estado y gobierno colombiano ha brillado por su incumplimiento, la ausencia de políticas públicas y acciones eficaces para restablecer los derechos de la comunidad indígena vulnerada.
