Esta semana se conoció que hay una solicitud de extradición hacia EEUU, en contra de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, quien se caracterizó por ser uno de los grandes aliados del uribismo en Centro América. Los delitos de que es acusado Hernández son tráfico de drogas, uso de armas y asociación ilícita con carteles de narcotráfico.
Según la información entregada por el gobierno de ese país, en cabeza de Xiomara Castro, la Corte Suprema de Justicia emitió este martes la orden de captura y luego se analizaría el trámite de extradición. Además la casa del Ex Presidente se encontraría rodeada por manifestantes que fueron víctimas del gobierno de Hernández.
Además, se ha logrado confirmar, según la justicia de EEUU que Hernández habría recibido apoyo financiero para su campaña presidencial por parte de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel «Los Cachiros», a cambio de frenar su posible extradición. En marzo de 2021, la Estados Unidos condenó a cadena perpetua por tráfico de cocaína al hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio Hernández, y a su socio, Geovanny Fuentes.
Los nexos de Uribe con Juan Orlando Hernández
Además de que Hernández otorgó varios «honores» a Álvaro Uribe, también fue condecorado y su relación era bastante estrecha, hasta el punto de que varias organizaciones de DDHH señalaba que había operaciones paramilitares que se desarrollaban en territorios de campesinos, y que favorecen intereses de empresarios palmeros como en el caso de la región del Bajo Aguan.
Es de recordar que en la región del Bajo Aguan, departamento de Colon, costa atlántica de Honduras, se vienen denunciando diversas actuaciones de tipo paramilitar por parte de empresarios palmeros, una de ellas es la apropiación ilegal de las tierras de los campesinos con complicidad de las autoridades militares y civiles, la intimidación y las amenazas con el uso de personas armadas y ejércitos privados al servicio de los intereses empresariales.
Incluso los líderes sociales y comunitarios, han señalado, desde 2016 que había complicidad con militares retirados colombianos, quienes estarían organizando los servicios de seguridad de las empresas palmeras.
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