Estero San Antonio en Buenaventura. Fotografía Jurisdicción Especial de Paz.
Este viernes 17 de diciembre y tras dos días de trabajo, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, ordenó medida cautelar en el Estero San Antonio ubicado en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. La audiencia se desarrolló en la ciudad de Cali entre el 16 y 17 de diciembre y en ella estuvieron presentes 18 organizaciones, entre ellas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la fundación Nidia Erika Bautista.
La Comisión de Justicia y Paz, como organización peticionaria, expuso las razones por las que era urgente y necesario proteger el Estero de San Antonio, en donde se presume hay restos de 1.136 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Buenaventura.
«Nadie, ni desde las comunidades, ni desde las organizaciones sociales o las entidades se opone al desarrollo. Pero este no existe por encima de la humanidad misma y sus derechos fundamentales”.
Magistrado Alejandro Ramelli.
La medida contempla principalmente la suspensión de cualquier intervención en el estero durante 180 días que podrán ser prorrogables. Dentro de las determinaciones judiciales de la magistratura también está la orden a la UIA (Unidad de Investigación y Acusación) de la JEP, en coordinación con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas) de llevar a cabo una visita técnica a la ‘Isla Calavera’ en el plazo máximo de 30 días.
“La Sala decreta cautelar el territorio del Estero de San Antonio con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las familias y víctimas de desaparición y en consecuencia prohibir cualquier tipo de intervención en este lugar durante el término básico de 180 días prorrogables, en especial el eventual dragado del mismo y el desarrollo de las obras civiles”, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
Dentro de un termino de 60 días, la UIA también deberá diseñará un plan forense que marque la hoja de ruta para buscar a las víctimas de desaparición forzada y que además contenga el acompañamiento psicosocial a las familias. «Las medidas cautelares nos invitan a profundizar no en el rol reactivo – en lo que puede tratar de hacer y corregir una vez cometida la transgresión, el crimen, el daño-, sino en el rol preventivo de la justicia”, manifestó el magistrado Alejandro Ramelli.
Las víctimas y organizaciones peticionarias y acompañantes celebraron la decisión de la JEP y esperan el desarrollo de los mandatos determinados al final de la audiencia.
Vale la pena recordar que la comunidad habitante del Espacio Humanitario Puente Nayero, ha insistido en la necesidad de romper el cerco de terror que se ha establecido sobre la llamada Isla Calavera, en la que se presume hay restos de personas que han sido desaparecidas forzadamente.
Varios testimonios de los habitantes de ese lugar dan cuenta del ferreo control paramilitar sobre la zona de Baja Mar. Muchas veces los pescadores que trabajan en el sector se han visto intimidados hasta el punto en que se prohíbe la navegación por este sitio.
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