Dairo Antonio Úsuga. Fotografía Getty Images.
Este sábado 12 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó a través de un comunicado que «avocó el estudio de medidas cautelares para garantizar el testimonio de Dairo Antonio Úsuga ante el Sistema Integral para la Paz».
Dicha revisión se realizará para determinar si se dictan medidas que garanticen que el exjefe paramilitar, alias «Otoniel» finalmente pueda contribuir a la verdad que exigen las víctimas. Esta decisión la tomó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ante un recurso interpuesto por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y organizaciones de comunidades étnico-territoriales y campesinas.
A través del Auto 014, la JEP busca «proteger la información y testimonio que viene proporcionando el capturado jefe del Clan del Golfo» para evitar «la vulneración de los derechos de las comunidades a la verdad justicia, reparación y no repetición».
«Los aportes a la verdad que – eventualmente- realice, permitirán que los procesos que actualmente adelanta o los que abra la JEP y las decisiones que se deriven de los mismos, sean más efectivas (…), el derecho a la verdad de las víctimas tiene un carácter fundamental».
Afirmó la magistratura.
Por ahora, la JEP dictaminó que «le ordena al director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, mayor general Fernando Murillo Orrego, que se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado por la JEP o la Comisión de la Verdad. Esto, sin perjuicio de «considerar todas las medidas de seguridad que correspondan en el entorno del lugar donde se lleve a cabo la audiencia»», aseveró la jurisdicción tras las interferencias que evitaron que se desarrollará la declaración de Úsuga ante la CEV.
Dentro de lo que se espera por parte de alias «Otoniel», está aportes en el Cao 03 «que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, así como dentro del Caso 04 que investiga más de 3.582 hechos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos en el Urabá».
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