Fotografía tomada de La Nación.
Este próximo martes 10 de agosto, se realizará una audiencia pública para esclarecer si en el Cementerio Central de la ciudad de Neiva, Huila pueden haber cuerpos de personas dadas como desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia.
En abril de este año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP, vinculó a la gobernación del Huila, a la Alcaldía y a la Diócesis de Neiva al trámite de adopción de medidas cautelares sobre el cementerio, lugar en el que podrían haber cerca de 300 de los cuerpos.
El 4 de diciembre de 2019 la Sección inició el trámite de medidas cautelares para asegurar la protección y conservación de los cuerpos de personas no identificadas (PNI) inhumadas en el Cementerio Central de Neiva, con el fin de asegurar su identificación y entrega a sus familiares.
La JEP, identificará en la audiencia, si hay riesgos en los lugares en donde se presume estarían inhumados y decidirá si es necesario protegerlos. Además se verificará el nivel de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades encargadas de la administración del cementerio.
El Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) acompañara a la Sección y recibirán balances de las entidades, sobre el estado de identificación y conservación de las personas sin identificar en el Cementerio Central.
El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) y la Corporación Reiniciar también harán parte de la audiencia y expondrán sus peticiones.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Huila, la Alcaldía de Neiva, la Diócesis de Neiva, la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva, la Procuraduría y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) fueron citadas por la JEP.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica son 83.036 los casos de desaparición forzada en Colombia; 38.357 por secuestro, de los cuales 33 fueron registrados como desaparecidos y 17.895 las personas desaparecidas por reclutamiento de menores de 18 años. Es decir más de 100.000 familias aún esperan encontrar a sus seres queridos, o por lo menos su cuerpo.
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