Irregularidades en nombramientos de personas afines a los partidos que lo ayudaron a elegir, contratos sin los requisitos mínimos y una oficina dispuesta para las fuerzas militares son algunos de los puntos de la denuncia de Iván Cepeda contra Carlos Camargo, cabeza de la Defensoría.
Piden a la Procuraduría abrir investigación contra la Defensoría
El senador Iván Cepeda pidió ante la Procuraduría abrir una investigación al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntas irregularidades en los nombramientos de 15 personas en los cargos directivos y quienes no cumplirían con los requisitos para desempeñar dichos puestos.
Iván Cepeda aseguró que Carlos Camargo ha entregado cargos a personas que son cercanos o militantes de los partidos políticos que lo ayudaron a ser elegido.
Defensoría habría nombrado delegados regionales vinculados a escándalos del paramilitarismo
A esto se le suma que habría nombrado como defensores Regionales y Delegados a personas vinculadas a escándalos ligados al paramilitarismo y por corrupción. Además, son personas que han sido denunciadas por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral.
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La presencia de fuerzas militares dentro de la Defensoría del Pueblo
El senador añadió que el defensor del Pueblo ha politizado la Defensoría, razón por la que pidió abrir una investigación sobre Camargo y aclarando que él ha priorizado la filiación política por encima de los requisitos necesarios que estipula la ley para el nombramiento dentro de la entidad.
Dentro de la denuncia que presentó Cepeda a la Contraloría, se presenta la suscripción de 11 contratos por prestación de servicios sin el debido cumplimeinto que se exige en la ley. Los valores de dichos contratos serían mayores a los 243 millones de pesos, según el senador.
A parte de la situación contractual, algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo señalan que al interior de la entidad se instaló una oficina de enlace con las Fuerzas Militares, la cual viene con presencia permanente de miembros del ejército.
Según las denuncias de los funcionarios, este hecho presenta una amenaza a la autonomía e independencia de los trabajadores y un mecanismo de presión para las personas que documentan vulneración de derechos humanos por parte del ejército.
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Los contratos que deberían ser investigados
Entre los contratos que se han pedido investigar por la Contraloría están los de Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del Embajador de Colombia ante la OEA; Miller Jesús Soto Solano, el precandidato para la gobernación de la Guajira por el Centro Democrático y quien tuvo afirmaciones estigmatizantes en contra de líderes sociales.
En ese mismo sentido está Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la gobernación de Córdoba y presunto involucrado en el desfalco que hubo en el sector de la salud de Córdoba.
Así mismo está Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, quien también fue sancionada por la Procuraduría por el manejo irregular de 3.500 millones de regalías petroleras mientras era alcaldesa de Neiva (2004-2007), y donde su esposo, Germán Trujillo, fue condenado por haberse apropiado de los recursos que pertenecían al Programa de Alimentación Escolar en Santander.
Defensoría regional de Urabá esta ligada a empresarios de la región
El senador también aclara que dentro de las quince personas que no cumplen los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios para ejercer las funciones de defensores Regionales y Delegados, están José Augusto Rendón, defensor Regional de Urabá y quien también ha sido acusado de asesorar a empresarios de la región que son compradores masivos de tierras en medio de oleadas paramilitares.
A esto se le suma que ha sido fuerte crítico del plan de Restitución de Tierras y ha declarado y propuesto que los reclamantes busquen acuerdos comerciales con los nuevos dueños de las tierras.
Otros contratos que serían irregulares
Otro cargo cuestionado por el senador fue el de Andrés Félipe Villamizar, exrepresetante a la Cámara Liberal y nombrado Defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales, y quien no cuenta con la experiencia profesional o académica.
Así mismo, suenan los nombres de Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá, donde su experiencia se basa en ser coordinador del Centro Democrático. También está Diana Margarita Silva, con experiencia de haber sido contratista del Centro Democrático y quien fue acusada por acoso laboral.
Por último, se menciona el nombre de Ibeth Milagro Tobias Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, quien hizo parte de la estructura política liberal del excongresista Rodrigo Roncallo, investigado por parapolítica.
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