La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que el inicio del año 2021 ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, dentro de los hechos violentos están contemplados asesinatos y amenazas a liderazgos sociales, asesinatos de excombatientes de FARC, masacres y enfrentamientos entre la fuerza pública y estructuras criminales .
Esta conclusión está determinada por el último monitoreo de Riesgos y prevención de afectación a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP. El informe agrupa los hechos violentos del 1 al 24 de enero del 2021.
Según el informe en lo que va del 2021 se han presentado 14 enfrentamientos entre estructuras criminales y la fuerza pública, 13 amenazas de muerte a líderes sociales, 6 masacres, 5 homicidios a excombatientes de las FARC, 14 homicidios a líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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Liderazgos sociales en riesgo
El monitoreo de Riesgos y Prevención de afectación a los Derechos Humanos de la UIA indica que en lo que va del 2021 es asesinado un líder social cada 41 horas. Este año han asesinado liderazgos sociales en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Casanare, Risaralda, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.
En cuanto a otras agresiones contra el liderazgos sociales se destacan los secuestros. Por ejemplo, el líder José Vizney fue secuestrado en Gachené, Cauca y fue liberado tres días después. Asimismo el líder Embera Jesús Bailarín, que fue liberado 4 horas después de su secuestro y tortura.
Además, 13 liderazgos sociales han recibido amenazas de muerte en Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Magdalena, Santander y Valle del Cauca. Hasta el momento no se muestran resultados por parte del Estado para impedir que estas amenazas se cumplan.
El informe presentado por la UIA de la JEP recogió datos hasta el 24 de enero, sin embargo, se siguen presentando hechos violentos en todo el país.
En Tarazá, Antioquia, en la mañana del 27 de enero, fue asesinada María Liliana Loaiza, hermana de la esposa del secretario de Gobierno del municipio Deivisón Montero. A pesar de que Tarazá tiene un aumento del pie de fuerza debido a la masacre ocurrida en la noche del 18 de enero, María Liliana Loaiza fue asesina en cercanías a la estación de policía del municipio.
El secretario de gobierno Deivisón Montero, denunció que ha sido víctima de amenazas y no ha recibido ninguna protección. De forma que no se descarta que el asesinato de su cuñada tenga relación con dichas amenazas.
Montero sostiene que la situación de seguridad en Tarazá y el Bajo Cauca es alarmante. Esto teniendo en cuenta que se han presentado 14 homicidios en lo que va del 2021.
También en Tarazá, el pasado domingo 24 de enero, hombres armados interceptaron un bus que se dirigía a Medellín, secuestrando a dos jóvenes. Juan Camilo Taborda, de 23 años de edad y Andrés Felipe Quintero, de 17 años, hasta la fecha están desaparecidos.
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No hay garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 254 excombatientes de las FARC, la mayoría de ellos mientras participaban de los programas de reincorporación.
El informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz señala que en el año 2021 han sido asesinados 5 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación: Yolanda Zabala, Duván Galíndez, Cristian Ramírez, Giovani Claro y Juan Carlos Correa.
Los hechos se presentaron en Briceño, Antioquia; Cartagena del Chairá, Caquetá; Cali,Valle del Cauca; Convención, Norte de Santander; y San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Dos de las víctimas residían en los AETCR La Plancha y Caño Indio.
Pastor Alape, delegado de FARC al Consejo Nacional de Reincorporación aseguró que la cantidad de ex combatientes asesinados genera una situación de incertidumbre. Sin embargo, añadió que como firmantes de la paz seguirán sosteniendo su voluntad de paz por encima de la muerte.
Alape mostró preocupación por lo que está sucediendo en Antioquia, pues en lo que va del 2021 han asesinado dos excombatientes en el departamento.
Uno de los casos referido por Alape es el del excombatiente Juan Carlos Correa, asesinado en San Andrés de Cuerquia, Antioquia el sábado 23 de enero. Juan Carlos Correa fue asesinado después de ser interceptado y conducido a zona rural por hombres armados. El secuestro se produjo a las 10 de la mañana, en la vía que conduce del corregimiento de Valle de Toledo al Municipio de San Andrés de Cuerquia.
JEP requiere a consejero Presidencial y a la UNP
Ante estos sucesos, la Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP solicitó al consejero, Emilio Archila, que adopte e implemente el Plan Estratégico de Seguridad y Protección . Del cual se encarga la mesa técnica para la estabilización y consolidación.
Para ello exigieron también al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, culminar la contratación de los 686 escoltas y 40 analistas que se requieren. Asimismo, que se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 se asignen los recursos financieros y administrativos para garantizar la seguridad de los excombatientes de FARC.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP advierte que los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables. Razón por la cual no se previene correctamente la afectación de sus derechos y proteger su vida, integridad y seguridad.
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