Fotografía Cancillería.
El jueves 14 de julio se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de dicha organización con motivo de la presentación del informe trimestral del secretario general sobre la Misión de Verificación en Colombia.
Ante los ojos de los delegados de los países que forman el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, presentó retrasos, avances y retos por cumplir en la implementación del Acuerdo Final de Paz en el país.
El evento contó con la participación del padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y quien presentó el Informe Final de su organización ya publicado en Colombia, Jineth Casso Piamba, mujer indígena Nasa, líderesa comunitaria y defensora de derechos humanos y, finalmente, Marta Lucia Ramírez, vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia.
La intervención de Massieu
Carlos Ruiz Massieu, en su intervención, agradeció la presencia de la lideresa Jineth Casso Piamba destacando el papel “protagónico” de las mujeres indígenas en la construcción de paz desde lo territorios. Agradeció, asimismo, la participación del padre de Roux y la labor “extraordinaria” de la CEV, haciendo eco al mensaje transmitido por la entidad al país, afirmó: “solamente con verdad se construirá un mejor futuro para todo Colombia”.
Massieu celebró la tranquilidad con las que se llevaron a cabo las últimas elecciones presidenciales, “por lo general pacíficas” y destacó la “diversidad de la sociedad floreciente del país”.
Existen más garantías para poder ejercer la oposición política y 16 representantes de víctimas de regiones afectadas por el conflicto van a poder alzar sus voces en el Congreso.
Celebró la conformación inclusiva del nuevo Congreso de la República, que por primera vez en la historia de Colombia incluirá una proporción de 30% de mujeres. “Esperamos que el nuevo congreso avance de manera considerable en la aprobación de más 30 normas relacionadas con la paz que todavía están pendientes, incluyendo cuestiones claves como la reforma rural integral y la garantía para la participación política”.
Sin embargo, recordó el obstáculo más grande para una construcción total de paz: la violencia persistente contra comunidades, lideres y excombatientes. “La misión ha registrado los asesinatos de 331 excombatientes desde la firma del acuerdo”. Para Massieu, la seguridad de los excombatientes es un tema crucial:
Una prioridad para cualquier acuerdo de paz debe ser salvaguardar la vida de aquellos que depusieron sus armas con la garantía de que contaría con protección.
Massieu señaló la persistencia de grupos armados ilegales que siguen creando zozobra en las zonas de conflicto, caracterizadas por pobreza, economías ilegales y una presencia limitada del Estado. Pueblos indígenas y afrodescendientes son los sectores sociales más afectados por la violencia y la inseguridad, lo que, plantea Massieu, podría ser solucionado con la plena aplicación de las disposiciones en temas étnicos del Acuerdo, sin embargo, “su aplicación sigue siendo bastante baja”.
La labor de las entidades creadas por el mecanismo de justicia transicional fue señalada dentro de los “avances inspiradores”:
La Comisión de la Verdad publicó hace una semana su Informe Final. Este es un compendio amplio de múltiples voces y sectores a lo largo y ancho de la sociedad y la geografía de Colombia. El informe ha revelado hallazgos dolorosos sobre las causas y efectos del conflicto, incluyendo cifras desgarradoras sobre las vidas truncadas de 100 de miles de colombianos y colombianas durante décadas y sobre las dinámicas que explican la persistencia de la violencia. Presenta un legado invaluable de recomendaciones para que sea posible avanzar en la construcción de paz y la reconciliación, entre ellas un llamado al Estado a garantizar el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz.
Asimismo, Massieu destacó la importancia de las primeras audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad llevadas a cabo por la JEP, a través de las que, en línea con el principio de restauración, mandos de las extintas FARC-EP y exmilitares de alto rango contribuyeron a la verdad ante las víctimas y reforzaron su “compromiso con la no repetición”.
El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia afirmó haberse reunido con el presidente electo Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Explicó que ambos le garantizaron que la paz será “una de las piedras angulares” de su gobierno, así como manifestaron su intención de profundizar la aplicación integral del acuerdo de paz y procurar soluciones negociadas tanto políticas como judiciales con los actores armados ilegales que quedan. Celebró el logro de tener por primera vez en Colombia una vicepresidenta afrocolombiana:
Francia Márquez, primera mujer afrocolombiana en desempeñar el cargo de vicepresidenta, también ha reiterado que la paz, con un lente territorial y étnico será una característica prominente de la agenda de gobierno.
La intervención del padre de Roux
Tras él, tomó la palabra el padre Francisco de Roux, quien introdujo la labor desempeñada en la recopilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Hemos escuchado durante 4 años el sufrimiento que en Colombia la guerra interna de más de 50 años ha dejado. Hemos oído a más de 30mil testimonios individuales o colectivos de todos lados y leído más de 1000 informes de comunidades víctimas y de 24 países donde hay colombianos en el exilio. Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. Las armas de la guerra mataron a 450 mil personas entre 1985 y 2018 y el 80% de todos los afectados era población civil sin armas.
Explicó como la CEV, a través de sus comisionados, trató de llegar a la etiología del conflicto armado, sus causas originales y de entender como evitar que esto se repita en el futuro:
Hemos comprendido que la guerra nunca es simple, que los actores armados lo hacen al interior de un sistema donde las decisiones son condicionadas o determinadas por intereses y propósitos culturales, políticos, económicos, militares, burocráticos y criminales. Hemos encontrado que en la origen y prosecución de la guerra hay un vacío ético, un olvido de cada ser humano, del valor incomparable de cada mujer, de cada hombre. La guerra daña todo lo que toca, a los agredidos y a los que agreden.
De Roux llamó a la necesidad de repensar el sistema de seguridad nacional, demasiado encentrado en las armas y sometido al poder (“hicimos seguridad armada para dar seguridad al poder”), pero muy poco propenso a cuidar a las personas y los diversos ecosistemas ambientales en Colombia.
Pedimos que, si hay de deber ejército, que sea ejército para la paz y no para la guerra y pedimos a la comunidad internacional que no nos de nada para la guerra, queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de reconciliación después de tanto sufrimiento.
Pasó luego a temas de narcotráfico. Criticó la idea de que el narcotráfico sea visto como un asunto de seguridad nacional, por lo tanto, insertando en un discurso de guerra, y que el “prohibicionismo armado” sea la manera de abordarlo, “cuando lo que hace es aumentar las ganancias del negocio”.
Pedimos la colaboración en responsabilidad compartida de las naciones consumidoras para capturar a los grandes mafiosos y llevarlos a procesos de sometimiento a justicia transicional donde entran con la declaración pública de la verdad sobre las alianzas políticas, económicas y militares y de bancos y para que reparen con su dinero a todas las víctimas. Pedimos que se entienda la conexión del narcotráfico con la corrupción, porque el dinero criminal compra gobernadores, alcaldes, jueces, policías, guerrilleros y militares y contribuye a generalizar la corrupción a otros niveles.
El testimonio de la lideresa social Jineth Cassio Piomba
Jineth Cassio Piomba, lideresa comunitaria del Cauca, y especialmente del municipio de Caldono, extendió un “fraternal saludo de resistencia, de unidad y fuerza” a los presentes en Nueva York. Relató su trayectoria de activista social: ha dedicado años a la defensa de los derechos humanos, al empoderamiento económico de las mujeres y a promover y fortalecer su participación política para “crear espacios equitativos entre hombres y mujeres que le aportan a la construcción de paz”.
Desde que se anunciaron las negociaciones para el Acuerdo de Paz fue un alivio y el renacimiento de un nuevo sentir de esperanza. El municipio de Caldono vivió desde cerca la transformación que se lograría con la dejación de armas y la vinculación de excombatientes en la sociedad civil en el momento en que se instalaron los ECTR en el municipio, una acción que abrió espacios de construcción de sentimientos de vida que habían sido fragmentados y abandonados por el conflicto.
La lideresa social explicó que Caldono es el segundo municipio más afectado por el conflicto y que por años sufrió por el abandono estatal. Hasta el día de hoy sigue la violencia en esta zona del Cauca, como testimonian los más de 42 jóvenes asesinados en los últimos años y “un promedio de 82 jóvenes entre 12 y 22 años reclutados por grupos ilegales”. Ante esta situación, las mujeres son las más afectadas, “por su rol de lideresas en las comunidades, madres, esposas y hermanas”.
Eso demuestra la necesidad de trabajar más profundamente en la defensa de los derechos, la seguridad y la paz. Queremos hacer un llamado al país para que ponga sus ojos en estas tierras, para que trabajemos en equipo y logremos generar mejores condiciones para vivir dignamente a través de la implementación integral del acuerdo de paz, en particular en sus enfoques étnico y de género.
La intervención de la Canciller Ramírez
Cerró las presentaciones la Canciller Marta Lucía Ramírez, quien destacó los avances de su gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz a pesar de desafíos como el COVID 19. Aseguró que, a pesar de las diversidades y retos por cumplir, “estamos recorriendo de manera cierta e irreversible el camino que debe llevarnos hacia una sociedad justa, legal, segura, incluyente, desarrollada, equitativa, solidaria y a la paz que todos anhelamos”.
La vicepresidenta saliente celebró los esfuerzos de su gobierno en el marco de la “política de paz con legalidad” emprendida por el presidente Iván Duque, a su decir “una planificación juiciosa con hojas de rutas y presupuestos realizables”.
Señaló el desarrollo económico del país, bajo Duque, en los últimos 18 meses, que “ha mostrado a la economía colombiana con un crecimiento sobresaliente en el contexto internacional”.
Esperamos que el nuevo gobierno continúe avanzando en indicadores de crecimiento económico similares y continúe generando empleos y más recursos del presupuesto para la implementación del acuerdo con las farc y evitar el riesgo de cualquier retroceso.
Ramírez celebró como éxito la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, pero admitió la existencia de obstáculos: “nuestra sociedad ha sido duramente golpeada por la violencia terrorista, por el dolor del secuestro, por el reclutamiento de niños, por los delitos sexuales contra tantas mujeres en el conflicto”.
Tras destacar nuevamente los resultados en materias económicas, aseguró que la implementación del acuerdo avanzó “de manera sostenida” durante su gobierno. Señaló como logros, por ejemplo, la entrega de hectáreas de tierras a familias campesinas y las audiencias, antes mencionadas, llevadas a cabo por la JEP en temas de reconocimiento de responsabilidad.
Esto no significa reconciliación plena, sigue presente violencia sembrada por el crimen y la presencia del narcotráfico que genera instabilidad en los territorios.
Instó a la JEP a que presente “cuanto antes” sus conclusiones y determine las consecuencias y las sanciones y la invitó, además, a que abra macrocasos para el reclutamiento de niños y la violencia sexual llevada a cabo durante el conflicto armado. Reiteró, de toda forma, que para el gobierno colombiano la seguridad de los excombatientes es una prioridad.
Señaló, finalmente, que el Acuerdo de Paz no concedió información sobre las rutas del narcotráfico en Colombia, “ni la desactivación de los carteles”. Por ello, pidió ayuda internacional para acabar con la práctica del narcotráfico e incautar las grandes finanzas que de ahí proceden.
Muchos de ustedes han abogado que el próximo gobierno desarrolle negociaciones con el ELN, también lo quisiera nuestro gobierno y lo quisieron muchos gobiernos en el pasado, pero para ello hay que insistir que el ELN debe suspender no solamente los secuestros sino el reclutamiento de niños y se debe exigir la información sobre todas las rutas y la logística del narcotráfico para prevenir toda violencia en el país.
Haciendo referencia a la reciente extradición de alias “Otoniel”, celebró el apoyo internacional recibido en una decisión que “hicimos convencidos”.
Finalmente, cerró su intervención afirmando:
Nuestro gobierno entregará el 7 de agosto una democracia solida con instituciones sólidas, una democracia estable, una economía sólida, una economía estable, y es muy importante que este Consejo de Seguridad acompañe al próximo gobierno para que se mantenga la misma solidez democrática, institucional y económica que permitirá a Colombia continuar avanzando hacia esa paz verdadera, hacia esa paz con legalidad.
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