En los primeros cinco meses del año, Cauca, Antioquia y Nariño han sido los departamentos donde más han ocurrido estos hechos violentos que ponen en peligro a la población civil. El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc ha sido el principal responsable de las situaciones registradas. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recalca la importancia de que las comunidades, las organizaciones y los líderes sociales cuenten con las garantías de protección para hacer su trabajo.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio.
Cauca. La Defensoría del Pueblo emitió su quinto reporte sobre el seguimiento al cese al fuego bilateral en Colombia, decretado por el presidente Gustavo Petro el primero de enero de este año. En los primeros cinco meses del año, la entidad evidenció que han sido registrados 117 hechos, 24 de ellos corresponden a acciones bélicas directas, y 93 están relacionadas con acciones violentas indirectas con efectos sobre la población civil.
Cauca, con 15 situaciones, es el departamento con mayor afectación por acciones bélicas directas, lo que corresponde al 62% del total de los hechos dados a conocer por la Defensoría del Pueblo en su balance sobre el panorama de vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con ocasión del cese.
Este fin de semana se registró otra acción violenta en la zona rural del municipio de Silvia, Cauca, que tiene acorraladas a las comunidades indígenas y campesinas de las veredas Togüengo y Asnenga, que están en medio de los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley y el Ejército Nacional, aumentando el temor y la zozobra en la región.
“Es urgente superar la crisis social que atraviesa el país. Por eso el llamado es al cese bilateral urgente con mecanismos de verificación que den cuenta del compromiso tanto de gobierno como de los grupos armados que así lo pacten”, aseguró la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Por su parte la Red Somos Génesis, que agrupa más de 180 procesos comunitarios rurales y urbanos, en carta abierta hace un llamado a superar las diferencias y consolidar el camino hacia la Paz Territorial que permita retomar el cese al fuego bilateral y de hostilidades; y ponen a disposición del presidente Gustavo Petro y del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, su experiencia territorial en la construcción de Paz para ayudar a buscar soluciones que pongan fin a las confrontaciones en sus territorios.
De acuerdo con el informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’, delinque en 19 departamentos: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Arauca, Casanare, Norte de Santander y Cesar, además de Bogotá; para un total de 180 municipios.
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Las organizaciones, que conforman la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas), en comunicado enviado a la opinión pública rechazaron «cualquier tipo de violencia» pero alertaron que «las acciones violentas no pueden ser respuestas con decisiones que traigan más violencia».
«Nos preocupa el recrudecimiento de la guerra porque los mayores afectados somos las comunidades rurales desarmadas quienes históricamente hemos sufrido la crueldad y la sistemática violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro territorio», indicaron en dicho comunicado.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, aseguró que “estos hechos de violencia ejercidos por los actores armados ilegales dejan en evidencia la poca o nula voluntad que tienen para contribuir a sacar adelante un acuerdo que permita la paz total”.
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