El próximo 1 de agosto los responsables de la masacre del Alto Remanso deberán comparecer ante un juez para la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento; sin embargo varios de ellos no asistirán porque hace algunos días pidieron la baja. Algunos, como el Coronel Salgado, viajaron de manera intempestiva a los Estados Unidos; Otros, no se sabe dónde están. La Fiscalía pedirá cárcel.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio
Bogotá. En la mañana del 28 de marzo, cuando se cumplía el tercer día de un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo (Putumayo), 11 civiles fueron asesinados en medio de un operativo militar que, según las versiones del gobierno del expresidente Iván Duque, estaba dirigido contra el grupo armado que opera en la zona.
La incursión armada del Ejército al día de hoy tiene inconsistencias y genera dudas pues, desde un inicio, el Gobierno nacional aseguró que las personas fallecidas eran integrantes del grupo armado y no civiles. El objetivo “dar de baja” a alias “Bruno”, uno de los cabecillas del grupo armado Comandos de Frontera que, así como las disidencias del Estado Mayor, libra una guerra por el control de rutas del narcotráfico.
Primero hubo negación por parte del ministro de Defensa y del general Juan Carlos Correa, quien para entonces era el jefe de la división a la que pertenecía el comando élite que adelantó la fallida misión. Sin embargo y frente a las evidencias que revelaron periodistas de El Espectador, Cambio y Vorágine se hizo imposible seguir ocultando la verdad: hombres del Ejército llegaron al lugar donde se estaba desarrollando un bazar y de manera indiscriminada dispararon contra la población civil.
Entre los caídos estaban un jefe indígena, un líder comunitario, una mujer embarazada y un menor de edad. A pesar de las pruebas, hubo manipulación de la escena para hacer pasar a las víctimas como integrantes de un grupo armado ilegal. El principal reclamo de diversas organizaciones sociales defensoras de derechos humanos es que la justicia ha avanzado con lentitud y laxitud.
La Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación formal contra 8 uniformados: el general Walther Adrián Giraldo Jiménez, el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena, el capitán Jorge Erney Marroquín, el teniente Julián E. Ávila, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primero Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.
Por su parte La Fiscalía, en audiencia ante un juez que se realizará este primero de agosto, solicitará cárcel para 25 uniformados del Ejército presuntamente responsables de los hechos. Sin embargo, algunos no asistirán, como el coronel Carlos Mauricio Salgado, ya que hace unos días pidió la baja y viajó de manera intempestiva a los Estados Unidos. Varios de los soldados profesionales involucrados en el caso hicieron lo mismo y no se sabe dónde están.
Es de recordar que bajo la presunción de inocencia, que cobija a todo colombiano sin distinción, algunos de esos uniformados siguen activos, mientras permanecen concentrados en la base de Tolemaida esperando el inicio del juicio.
Entre los llamados a responder por la masacre –a quienes les imputarán los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa, como se conoció esta semana–, se encuentran un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados.
Los uniformados insisten que había evidencia de que en el lugar donde se realizaba el bazar había miembros de las disidencias; pero la comunidad sostiene que las personas fallecidas no pertenecen a ese grupo ilegal, aunque reconoce que en la zona sí hay presencia de este.
