Fotografía de Fundación Forjando Futuros.
Este 27 de abril se firmó el histórico acuerdo entre las víctimas de despojo de tierras y empresarios privados encargados de la construcción del Puerto de Pisisí en el Urabá antioqueño.
El evento que inició a las 8:00 de la mañana contó con la presencia y apoyo de Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros; Danilo Rueda, coordinador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, representantes de las víctimas y representantes empresariales del Puerto Pisisí.
Este acuerdo abre las puertas a la realización de proyectos productivos y brinda reconocimiento y compensación a las seis familias víctimas de despojo de tierras en Turbo. Familias que fueron desplazadas forzadas entre los años 1993 y 2004 por las amenazas, hostigamientos, persecución de la UP y violaciones de derechos por parte de grupos paramilitares.
«Es algo que beneficia a las victimas, al desarrollo y paz de Urabá… Estos acuerdos benefician a la patria y al país y demuestra que entre víctimas y empresarios podemos trabajar de manera conjunta por la paz en Colombia «.
Gerardo Vega, Director de la Fundación Forjando Futuros.
Víctimas reclamantes de tierras y empresas privadas trabajan de la mano en Pisisí
Para Juan Fernando Quintero este acuerdo en un paso fundamental en el proceso que las familias – que siguen siendo reclamantes de tierras – emprendieron hace años, buscando el reconocimiento de la verdad y la justicia para los afectados.
«El proceso fue un poco feo al principio, pero vemos que hay un camino de esperanza y una luz. Si se puede contribuir a la paz del país».
Juan Fernando Quintero en entrevista con Contagio Radio.
Juan, además, mira con esperanza el fututo de procesos de restitución y de proyectos productivos con el ejemplo que da este acuerdo y manifestó que está seguro de que más empresas privadas seguirán ese mismo camino para la construcción de paz y el desarrollo de las victimas afectadas durante décadas por el conflicto armado.
Para José María Díaz, representante legal suplente de la Sociedad Portuaria Pisisí, las víctimas no deben ser vistas como un obstáculo para las empresas y se les debe brindar un reconocimiento, acceso y garantía a sus derechos.
Al igual que las víctimas esperan que se establezcan trabajos conjuntos que no sigan mostrando a empresas y victima como partes alejadas u opuestas sino como constructoras de paz.
«El mayor aprendizaje de este proceso es qué significa el conocimiento profundo de la Ley 1448 y el entendimiento de la disponibilidad de la ley como herramienta de integración social de paz, que puede ser usada por el inversionista nacional e internacional para encontrar el punto de equilibrio respetando el derecho de las víctimas afectadas del conflicto armado.».
José María Díaz, representante legal suplente de la Sociedad Portuaria Pisisí
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Los compromisos concretos en este acuerdo entre afectados y empresa Pisisí
En concreto la empresa se comprometió en la creación de una empresa de propiedad de las víctimas que proveerá servicios requeridos en la realización de las obras y contratados directamente por Pisisí.
Además pondrá a disposición del grupo de afectados un predio que será habitado de colectivamente por las personas que fueron afectadas por el despojo.
Por su parte, las víctimas y sus representantes se comprometieron a mediar sobre la reclamación para que los organismos del Estado autoricen la realización del proyecto, esto sin que los afectados desistan de las medidas de reparación que son obligación del Estado.
Un acuerdo que abre caminos de entendimiento y de paz
Según el defensor de DDHH Danilo Rueda, director de la Comisión de Justicia y Paz, este acuerdo supuso una serie de rupturas de prejuicios desde las dos partes que llegaron a el acuerdo.
Para los afectados «supuso romper el prejuicio que tenemos muchos colombianos de que las empresas solamente buscan el beneficio propio sin importar las afectaciones en los demás»
Esta primera ruptura representó «descubrir que hay sectores empresariales que están disponibles a optar por un entendimiento basado en el reconocimiento de los otros y sus afectaciones»
Es decir, no todos los sectores empresariales siguen fundamentando sus prácticas sobre el despojo de las personas, explica el defensor. Rueda agrega que este acuerdo es entre ciudadanos y abre las posibilidades de entendimiento entre otros sectores de empresarios con personas afectadas por diversos tipos de violencias.
