En la mañana de este viernes, la Contraloría General de la Nación emitió sentencia en segunda instancia en el caso de Hidroituango, confirmando la responsabilidad fiscal de Sergio Fajardo Valderrama, Luis Alfredo Ramos y varios funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, así como contra las empresas del Consorcio como Coninsa, Conconcreto y Camargo Correa.
Además se confirmó que otras 25 personas también son responsables por los delitos contra el patrimonio público del Estado y deberán asumir su responsabilidad por estos hechos. Esta decisión se dio a pesar de las recusaciones presentadas por varias personas, entre ellas el mismo Fajardo quien había tratado de interponer una segunda recusación contra quienes deberían tomar la decisión.
Para la Contraloría, las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de MÁS DE TRES BILLONES DE PESOS (exactamente $3.157.419.881.218,97) como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público.
Comunicado de Prensa
Una de las preguntas que ronda el ambiente es si Sergio Fajardo retirará su aspiración presidencial, con lo cual quedaría muy debilitada la llamada «Coalición de la Esperanza» o con el camino libre para que se fortalezca la candidatura de Alejandro Gaviria.
Lo cierto es que si Fajardo decide permanecer en su pre candidatura, esta decisión pone serios cuestionamientos a su hoja de vida y seguramente va a provocar el rechazo de amplios sectores sociales, pues una de sus banderas ha sido la «lucha contra la corrupción» y el fallo de la Contraloría es claro en declarar que las faltas cometidas fueron graves.
¿Qué sigue para Hidroituango?
Aunque no se han establecido cuáles serán los pasos a seguir, algunos análisis jurídicos indican que el Estado no puede seguir contratando con empresas que hayan sido halladas responsables fiscales, por lo que el acuerdo alcanzado entre EPM y las constructoras quedaría sin validez y se deberán buscar nuevas empresas para que se culmine el proyecto y comience a generar energía en 2022 como estaba previsto.
Sin embargo, el fallo no quedaría en firme hasta que se de una revisión por parte del Consejo de Estado, que no cambiaría el sentido del fallo pero si le da toda la legalidad necesaria. Según algunos abogados consultados por este medio, esta revisión estaría lista en Enero o Febrero y eso da un margen de maniobra para que se complete la obra.
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