La Corte Constitucional encontró que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz. Fotografía Colprensa.
Este jueves 27 de enero y después de seis horas de sesión, la Corte Constitucional de Colombia informó de un importante fallo. Según los magistrados del organismo, hay una violación masiva del Acuerdo de Paz lo que representa un riesgo para las y los excombatientes que abandonaron las armas hace cinco años.
Con una votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional, lo que significa que hay un incumplimiento constante del Estado por preservar los derechos y salvaguardar la vida de los y las reincorporadas. Esta decisión, además reconoce las exigencias de firmantes de paz que presentaron ocho tutelas en todo el país en el que señalaban que no existen garantías necesarias para avanzar en la implementación del Acuerdo.
«Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad».
Magistrada Cristina Pardo.
En la ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, fue la que llevó a que se declarará el Estado de Cosas Inconstitucional del Acuerdo que se firmo en el año 2016 por parte del Gobierno Nacional y los y las excombatientes. La magistrada señalaba que el Estado no ha logrado responder por la reincorporación de 13 mil firmantes de paz, de los cuales han sido asesinados 293 según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
«El asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo tiene un efecto desproporcionado y exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado (…) debe tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de las personas que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que ellas esperan es poder hacer ese significativo tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal».
Ponencia magistrada Cristina Pardo.
Le sugerimos leer: Más de 10 mil ex integrantes de las FARC han tenido que salir de los ETCR
Las magistradas, Cristina Pardo, Diana Fajardo y los magistrados Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares y José Fernando Reyes votaron a favor de la ponencia, mientras que en contra estuvieron las magistradas Gloria Ortiz, Paola Meneses y los magistrados Alberto Rojas y Jorge Enrique Ibáñez, aunque apoyaron las acciones impartidas por la corte, tuvieron excepciones con la declaración del ECI.
¿Qué acciones se emprenderán tras este fallo?
El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, deberán trazar un plan presupuestal y administrativo que de respuesta a la situación de violencia que padecen los y las firmantes de paz, sobre todo, ante las constantes vulneraciones de DD.HH. perpetradas por grupos armados legales e ilegales. «En ese mismo sentido ordenar al gobierno que se inicie los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo ejercen actividades de liderazgo político o social y comparecen ante el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de una repetición», manifestó la magistrada Pardo.
La Procuraduría General de la Nación de la mano de la Defensoría del Pueblo tendrá la obligación de verificar que exista cumplimiento del fallo proferido este jueves. Por medio de una Sala Especial de Seguimiento, estas entidades deberán ver como avanza la responsabilidad del Gobierno Nacional frente a la implementación.
Finalmente la Unidad de Nacional de Protección, UNP, deberá identificar los peligros que corren las y los reincorporados y así mismo deberá ajustar sus esquemas para preserva la vida de los y las firmantes. La UNP deberá ajustar y fortalecer la seguridad en los próximos cuatro mese y después de esta si se considera necesario agregar más esquemas deberá realizarse.
Le puede interesar: Caravana Humanitaria del ETCR Urías Rondón fue atacada con ráfagas, quemas de camiones y esquemas de protección
Reacciones
Congresistas del partido político surgido de Acuerdo de Paz, Comunes, se manifestaron frente a la decisión y celebraron que esta también dio la razón a las múltiples denuncias que ha realizado en relación al exterminio de las y los excombatientes.
«Es una decisión importante a favor del Acuerdo de Paz y su implementación es una prueba irrefutable del fracaso de la Paz con Legalidad. Esta declaración de la Corte prueba que el Gobierno omitió la normativa constitucional«, afirmó Pastor Alape Lascarro, Delegado de Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Le podría interesar: Población de Arauca, entre la espada y la pared
Municipio de el Charco en Nariño en paro indefinido por temor al conflicto armado
