Miembros de la Cámara de Representantes radicaron un proyecto de ley que pretende buscar garantías para manifestantes durante el desarrollo de protestas sociales. Contagio entrevistó a uno de sus autores, Alirio Uribe, para explicar en qué consiste y esto fue lo que nos dijo.
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio
Bogotá. Los representantes a la Cámara Alirio Uribe, Pedro Suárez Vacca y Eduard Sarmiento presentaron esta iniciativa, que establece parámetros para el uso de la fuerza durante las protestas.
El proyecto de ley propone crear parámetros para el uso de la fuerza, además de hacer modificaciones institucionales a las mesas de garantías y al Puntos de Mando Unificados. El documento, según sus autores, fue redactado con el apoyo de organizaciones sociales.
El documento contiene 44 artículos y fue radicado en la Comisión I de la Cámara de Representantes, a partir de este punto tendrá que superar cuatro debates para que se pueda convertir en una ley de la República.
Contagio Radio habló con uno de sus autores, Alirio Uribe, y esto fue lo que nos dijo:
- Este proyecto de ley recopila proyectos anteriores que buscaban lo mismo, ¿qué lo hace novedoso?
El proyecto que hemos presentado para regulación de la protesta social como un derecho fundamental, sí recoge proyectos anteriores. Por ejemplo, cuando hubo la movilización del Comité Nacional de Paro se presentaron 12 proyectos al Gobierno y uno de los proyectos que se presentó fue precisamente el proyecto que tiene que ver con la protesta social. El proyecto que se hundió. Entonces, sí se habían presentado como unos cinco o seis proyectos y este proyecto recoge esos proyectos, pero también recoge los debates de la sociedad civil, recoge los criterios de Naciones Unidas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en 44 artículos tratamos de ordenar la regulación del derecho fundamental a la protesta.
- ¿Cuáles son los principios con los que se busca regular las protestas en Colombia?
Los principios que regulan este proyecto son básicamente los estándares que históricamente se han tenido a nivel internacional de Naciones Unidas y se recogen muchas recomendaciones, pero digamos que se conceptualiza el derecho; la protesta incorpora el derecho de expresión, de movilización, de reunión y obviamente es un derecho de participación. Se establecen pues los principios que deben regir el derecho, se establece también unas regulaciones en cuanto al deber del Estado, que el Estado debe proteger, debe respetar y debe garantizar ese derecho fundamental y obviamente esos principios hacen parte de los estándares internacionales que hay también en el uso de la fuerza para reprimir las protestas, entonces sí recoge sus componentes.
- En su opinión, ¿este proyecto puede superar el trámite legislativo y volverse una ley de la República?
Este proyecto también modifica un poco la arquitectura institucional, los puestos de mando unificado, crea una comisión de garantías mixta donde hay sociedad civil, donde hay autoridades civiles, autoridades de policía, y establece en esa infraestructura institucional la posibilidad de que cuando se ejerza la protesta haya la menor violencia posible. Se establece el diálogo como principio y unas reglas también allí se prohíbe que siempre pueda participar el ejército, el ejército nunca debe participar en el control o acompañamiento de protestas, y obviamente todo esto va a ser un debate fuerte, arduo en el Congreso, es una ley estatutaria, luego las leyes estatutarias tienen un quorum en especial por una parte, y segundo, a ser una ley estatutaria también, a parte del Quorum en especial, se debe aprobar antes del 20 de junio del próximo año los cuatro debates. Arranca por cámara y esperamos que se avance. En el Congreso las leyes normalmente nunca salen como entran, hay muchas propuestas, proposiciones y demás, pero confiamos en que sea posible avanzar en este proyecto y que sea aprobado.
- ¿Qué tan cierto es que el proyecto busca poner límites a la intervención policial y modificarla institucionalmente?
Este proyecto no se ocupa de nada que tenga que ver con el código penal ni el código de policía. Pero efectivamente sí recoge los estándares, en el sentido de que no se pueden usar armas letales o armas de guerra, en que haya unos protocolos y unos controles que ya hoy existen para la forma como se hace la intervención. Obviamente se prohíbe el uso de armas de fuego, obviamente se busca que pues que la protesta no vaya a terminar con violencia hacia los manifestantes. Y también se busca, a través de las mesas de garantías y de estas comisiones que acompañan la protesta, pues en lo posible evitar infiltraciones, evitar datos que puedan poner en peligro bienes o seguridad de terceros.
- ¿Por qué cree usted que este proyecto de ley generó tanta ampolla en la oposición?
Bueno la oposición hace su rol, la oposición se opone a todo lo que propone el Gobierno, a lo que propone el Pacto Histórico, entonces ese es su accionar político, que es legítimo, la oposición hace oposición, y obviamente como se trata de reglamentar un derecho a la protesta, recordemos que durante el gobierno de Duque hubo más de 20.000 protestas en país en más de 850 municipios pues obviamente en este momento ellos consideran que no es bueno que haya una reglamentación. Nosotros consideramos que es un momento político propicio, de hecho durante el gobierno de Duque nadie quería tramitar esta ley y nosotros también sabíamos que era peligroso porque podía haber una gran fuerza en contra de la oposición. Pero hoy pensamos que el proyecto puede ser viable. Además recordemos que por ser una ley estatutaria tiene control de constitucionalidad previo por parte de la Corte Constitucional. O sea, una vez surta los cuatro debates y se apruebe en el Congreso, vendrá el debate de constitucionalidad de la Corte, lo que garantiza que la ley estatutaria quede ajustada también a esos parámetros constitucionales.
