A través de su cuenta de Twitter el Senador Gustavo Bolívar, uno de los más destacados congresistas de la oposición y parte del Pacto Histórico, anunció que tuvo que salir del país pues las amenazas han sido recurrentes y han aumentado, en contraste con la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, que le negó, en dos ocasiones un esquema de seguridad para sus viajes fuera de la capital.
Según el video que fue difundido en la noche de este lunes 5 de octubre, la UNP, le negó en dos ocasiones la protección en sus viajes a Barranquilla y las amenazas en su contra han arreciado como es de público conocimiento y lo ha denunciado varias veces también a través de sus redes sociales. También anunció que solicitó medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, CIDH.
«Ante múltiples amenazas, la persecución a la q estoy sometido y la negativa de la @UNPColombia a prestarme el servicio de protección por fuera de BTá, he salido del país. Seguiré mis labores como senador de manera virtual hasta q se den las condiciones para regresar.»
Comunicado del Senador Bolívar
Para el cumplimiento de sus funciones como congresista y poder seguir desempeñándose como legislador, el senador Gustavo Bolívar aseguró que llegó a un acuerdo con el presidente del Congreso para poder asistir de manera virtual a las sesiones del Senado en las que participa activamente, tanto en su rol de control político, como en la presentación de propuestas de ley.
Gustavo Bolívar y el Pacto Histórico en la mira de los violentos
Esta situación del Senador Bolívar se da en un momento crucial, dado que la campaña política para el 2022 está marcando muchos de los acontecimientos de la vida política del país, pero también se produce en el marco de diversas denuncias de campañas orquestadas para desprestigiar y deslegitimar al Pacto Histórico del cual hace parte también Iván Cepeda o Gustavo Petro que han denunciado amenazas de muerte.
Las amenazas contra Bolívar obligan a que el gobierno y el Estado tomen medidas inmediatas para evitar que se afecte el proceso electoral del 2022 y garantizar la seguridad tanto de candidatos y candidatas como de los mismos votantes que muchas veces se ven obligados a votar bajo presiones económicas o de seguridad en varios territorios.
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