Lideresas son amenazadas por grupo armado. Fotografía ilustrativa Andrés Gómez.
El pasado 2 de octubre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció las amenazas de las que fueron víctimas varias lideresas indígenas y familias del territorio ancestral Awá. Según la información de la organización, las mujeres pertenecen al Resguardo Indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí, que está situado en la vereda El Pailón en la vía Pasto – Tumaco, en el municipio de Barbacoas.
La ONIC, también afirmó que en el lugar ya se han presentado intimidaciones de este tipo, por parte de hombres que pertenecen a un grupo armado que opera en la región. «Allí se difunde el miedo mediante amenazas a líderes y comunidades», se expresó en un comunicado.
Aura Melba López García, lideresa y Consejera de Economía y Producción de la organización UNIPA; Yurani López Moreano, Gobernadora del Resguardo Indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí y una integrante de la Asociación Productiva Granja el Maíz, recibieron llamadas en las que se «exige el desalojo y cese de actividades de liderazgo en el territorio y advierten que si se rehúsan a ello la comunidad será declarada objetivo militar».
Las llamadas que se presentaron sobre las diez de la mañana del día 1 de octubre fueron rechazadas por la ONIC que reiteró que el territorio del que quieren desplazar a las lideresas es territorio ancestral y propiedad colectiva. «El pueblo Awá es un pueblo milenario con una posesión ancestral de su territorio, en este sentido, es preocupante que este tipo de amenazas este dirigido contra una población civil indefensa, pues en esta comunidad se encuentran aproximadamente 65 familias, entre ellas decenas de niñas y niños, mujeres, adultos mayores, hoy presas de la zozobra y el temor», agregó la organización.
La comunidad anunció que estarán en Asamblea Permanente y llamaron al Gobierno Nacional, departamental y local a garantizar la protección de la vida de la comunidad con acciones y rutas contundentes. La ONIC también pidió la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y una misión de verificación que acompañe a las familias en riesgo.
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