Por la vía del Decreto el gobierno de Iván Duque limitó el derecho a la protesta asegurando que las acciones de cierre de vías y aquellas que promuevan la estigamitzación no se consideran movilizaciones pacíficas, y por ello reiteró que las Fuerzas de Seguridad están en la obligación de hacer uno legítimo de la fuerza.
Esta modificación al Decreto 003 de 2021 ha despertado el rechazo de múltiples sectores sociales y políticos dado, para ellos y ellas no se puede limitar el derecho a la protesta y dicha modificación al decreto estaría limitando y subordinando la protesta a lo que el gobierno considere pacífico y además legítimo.
No se establecen criterios claros para evaluar una protesta
En este sentido podría considerarse como protesta no pacífica aquella que se tome una vía para realizar una marcha o aquella movilización en la que las consignas estén orientadas a denunciar al gobierno. Es decir, que el criterio para evaluar si una marcha es pacífica o no y si es legítima o no queda al criterio del gobierno.
De la misma manera, estos criterios de gobierno serán usados para proteger el uso de la fuerza en contra de las manifestaciones. Esto, a pesar de las múltiples denuncias por más de 60 asesinatos, cientos de detenciones, actos de tortura, heridos y violencia sexual que podría endilgarse a la policía en el Paro Nacional.
Modificación del Decreto 003 de 2021 podría ser inconstitucional
En su alocución el Ministro del Interior aseguró que esta modificación se apega a la constitución, sin embargo sin la existencia del trámite necesario no se puede hacer ninguna modificación o precisión sobre una ley de la República. En este sentido, adicionalmente a las demandas que se han presentado se podría añadir este argumento.
Algunos analistas y líderes de opinión han señalado que la modificación de una ley por la vía del decreto solamente se hace en estados de excepción y ese no es el caso de Colombia. Además señalaron que este tipo de actuación obedece mas a una dictadura que a un Estado Social de Derecho.
A pesar de que en su alocución, el Ministro aseguró que con estas decisiones se ampliaba la definición y la garantía del derecho a la protesta, estas medidas van en clara contradicción. Además aseguró que también estaría atendiendo a las recomendaciones de la Mesa de Garantías, sin embargo esta decisión no habría sido consultada o consensuada con representantes u organizaciones por fuera del gobierno.
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