En el mas reciente informe de la organización Global Witness, «La Última Línea de Defensa» que hace un seguimiento a la situación de seguridad de ambientalistas y defensores de los territorios en todo el mundo, dejó a Colombia en el primer lugar del mundo en el que es más peligroso ser defensor ambiental. Según la plataforma durante 2020, 65 ambientalistas fueron asesinados en Colombia, mas del doble de la cifra de México, en donde fueron asesinadas 30 personas con estas características. Además, Global Witness señala que las empresas son las principales responsables de los asesinatos.
En su informe, que abarca el periodo entre enero y diciembre de 2020, se presentaron 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana en todo el mundo, sin embargo, los asesinatos no son la única agresión contra ambientalistas pues también sufren «intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización».
Uno de los apartes más preocupantes del informe tiene que ver con la estrecha relación entre el calentamiento global y los crímenes contra personas defensoras del planeta y del ambiente, dado que pareciera que entre menos recursos mayor es la ambición de las empresas por obtenerlos y por ello es también mayor la violencia ejercida en contra de las personas que pretenden proteger dichos recursos.
Ha quedado claro que la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Nota de prensa del Informe «Ultima Línea de Defensa»
El caso colombiano según Global Witness
Es el segundo año consecutivo en que Colombia ocupa el primer puesto en cuanto a asesinatos de ambientalistas, ya en 2019 se habían documentado por lo menos 64 asesinatos de estas personas. Para Global Witness hay un agravante que tiene que ver con que las comunidades indígenas son las principales víctimas y las personas que han decidido implementar políticas del acuerdo de paz como la sustitución de cultivos de uso ilícito.
En el informe se asegura que la erradicación de cultivos ilícitos, en su mayoría por parte de la Fuerza Pública se han registrado por lo menos 17 personas asesinadas, en un contexto en el que el Acuerdo de Paz no ha logrado los avances planificados en cuanto a desarrollo rural y tampoco está significando tranquilidad para los líderes sociales que siguen siendo el principal blanco de los ataques de grupos armados que han llegado a muchos territorios en el país.
Estos ocurrieron en el contexto de ataques generalizados en contra de personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos comunitarios a largo y ancho del país. Las Naciones Unidas los ha clasificado como violencia endémica, a pesar de la esperanza generada por el Acuerdo de Paz de 2016.
Informe «La última línea de defensa»
La organización también aseguró que lo hecho por el gobierno y el Estado ha sido insuficiente para proteger a las personas que deciden defender sus territorios de las amenazas de las economías ilegales y de los intereses empresariales que muchas veces están ligados a recursos naturales presentes en las zonas de habitación de comunidades indígenas, negras y mestizas.
Las empresas son responsables por acción directa o indirecta
La tercera conclusión del informe de Global Witness tiene que ver con la responsabilidad empresarial en los crímenes de ambientalistas y en contra de los territorios. Según la investigación la actividad empresarial obtiene impunidad, bien sea por los daños en contra de las personas o en contra de las otras formas de vida presentes (por ejemplo desechos tóxicos, secado de ríos como consecuencia de la tala de árboles, entre otros), esta situación se presenta sobre todo en países con capacidad de gobernanza reducida, como lo es el caso colombiano.
Además, cerca de un tercio de las agresiones contra ambientalistas se produjeron en la Amazonía brasileña, peruana y colombiana en donde la presencia de los Estados se limita a efectivos militares que, muchas veces no logran frenar la actividad de colonos o empresas madereras que operan allí, dado que los estados son débiles en otro tipo de presencia más allá de la armada.
[Las personas defensoras] están en riesgo porque viven en un lugar (o cerca de este) que tiene algo que alguna empresa está deseando. Esa demanda, la demanda del mayor beneficio posible, en el plazo más corto posible, mediante la operación más barata posible parece traducirse, eventualmente, en el entendimiento de que es el alborotador quien debe irse.
Bill McKibben
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