En Barranquilla y en Colombia se encendieron las alarmas tras el anuncio el Ministro de Defensa, Diego Molano, en el que se dará vía libre a la creación de un “frente de Seguridad Ciudadana” que según lo dicho por el tendrá el respaldo de empresarios y habitantes de la ciudad. Lo que preocupa sobre esta propuesta es que tiene una metodología similar a la que creó el paramilitarismo en Colombia.
Según lo dicho por el Ministro, estos frentes de seguridad servirán también como «redes de apoyo para enfrentar el delito» y están justificadas en el trabajo de la comunidad y en aprovechar las «capacidades logísticas y tecnológicas que tienen las empresas de vigilancia para dar información», es decir que se vincularía a las empresas de vigilancia privada en estructuras orgánicas de las fuerzas de seguridad.
Sobre esta propuesta, que se materializaría la próxima semana, siguen recayendo muchas dudas y preocupaciones, pues además de la falta de control ciudadano que podría encubrir la actuación de estos “frentes de seguridad” están los antecedentes de este tipo de operaciones, en que los poderes de fuerza pública en manos de civiles se convirtieron en un elemento de daño y de erosión del Estado de derecho y democrático en el país.
El paramilitarismo surgió con la figura de «Frentes de seguridad»
Sobre la segunda preocupación, estaría relacionada con lo afirmado por Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad, en torno a cómo se dio la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia y el papel que jugó ese jefe paramilitar en la génesis de esa para estatalidad, en la que él participó como un civil qué tejía redes de apoyo, que desarrollaba informes y que incluso fue integrante de organismos de inteligencia como el Beto que se caracterizó por ser uno de los organismos que más terror generaba en la población.
Y justamente esa manera de operar, unida a los bajísimos índices de operatividad de la justicia es que infunden dudas y preocupaciones entre un importante sector de organizaciones de Derechos Humanos, pues este tipo de “frentes de seguridad” estarían directa o indirectamente involucrados con la fuerza pública, pero a la hora de rendir cuentas por sus acciones se encontrarían por fuera de las revisiones que se hacen a organismos del Estado.
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Adicionalmente, en la coyuntura actual del país, en la que en el marco del paro nacional se vio la actuación conjunta de civiles armados junto con integrantes de la policía o el ejército lo que se ha denominado paramilitarismo urbano, sumado a la incapacidad o desinterés por parte de la fiscalía en cuanto a la judicialización de esos crímenes cometidos, cobija con un manto de impunidad las actuaciones de este tipo de grupos que puedan ser violatorias de los Derechos Humanos.
Frentes de Seguridad en la Costa Atlántica y los poderes corruptos. Una combinación peligrosa
Por otra parte, también hay un sector político muy preocupado por este anuncio del Ministerio de Defensa, pues justamente la costa atlántica y su clase política y empresarial se encuentra en este momento en el ojo del huracán pues se han ventilado y denunciado múltiples acciones en las que los clanes políticos allí presentes pretenden ampliar sus fronteras al nivel nacional.
Por otra parte, las recientes amenazas de muerte en contra del gobernador Carlos Caicedo, que en principio fueron atribuidas a las AGC, pero que después se dio a conocer que provienen de sectores criminales diferentes, dan cuenta de la configuración de una violencia estructurada y operativa en conjunto con sectores empresariales de esa región.
No en vano, dadas todas estas preocupaciones hay voces que empiezan a surgir y demandas que se comienzan a anunciar, que estarían dirigidas a evitar que estos frentes de seguridad tomen fuerza y sepan consolidar como un nuevo aparato criminal en lugar de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía, lo cual constitucionalmente es del fuero exclusivo de la fuerza pública y no de civiles.
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