Francisco de Roux. Fotografía Cristian Garavito / El Espectador.
Este martes 1 de febrero, y tras la polémica desatada en contra de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, se difundió un comunicado en el que se buscaría aclarar las afirmaciones dadas en medio de un foro de la Revista Semana y que causaron disgusto en organizaciones de víctimas y defensores de DD.HH.
El pasado 25 de enero, Francisco de Roux, afirmó de manera pública que fue el paramilitarismo lo que «liberó» de la guerrilla de las FARC-EP a la población del municipio de Barrancabermeja en Santander. Sin embargo, organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, el Movimiento de Víctimas de Estado (MOVICE), entre otras organizaciones y defensores y defensoras, señalaron que se instituyeron formas de terror igual de graves a las de el grupo insurgente y esto se llevó de la mano del Estado y constituyó una «paraeconomía» y una extención de lo «paraestatal».
Textualmente el sacerdote afirmó, «una cosa que jugó un papel muy importante que fue el paramilitarismo, importantísimo el papel que jugó el paramilitarismo. Barrancabermeja no fue liberada por las Fuerzas Militares de la presencia del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y de las FARC, fue liberada por el Bloque Central Bolívar». No obstante, Roux no contempló en sus afirmaciones la masacre de Barrancabermeja perpetrada el 16 de mayo de 1998. En aquel hecho, un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, AUSAC, asesinaron a 7 personas y secuestraron a otras 25, quienes después de ser retenidas por días fueron desaparecidas.
Otro de los hechos que causó dolor en las víctimas y en las organizaciones que las acompañan fue la desaparición forzada de los campesinos Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes el 28 de noviembre de 1999. Hecho que, según información del Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, denunció el mismo sacerdote y presidente de la CEV el 23 de junio de 2007 y en el que uno de los responsables fue el paramilitar alias Julián Bolívar. Ante esto, las organizaciones y víctimas reclamaron al sacerdote por contrarrestar responsabilidad de las Autodefensas y señalar su accionar como «liberador».
«Asimismo, las acciones de limpieza social, el aumento de secuestros y extorsiones, fueron hechos que se sumaron a las condiciones para la entrada de los paramilitares. En este contexto de aumento del secuestro (75 personas secuestradas en Barrancabermeja entre 1990 y 2000 según la UARIV), extorsiones y acciones militares indiscriminadas (paros armados, atentados contra la infraestructura, entre otros) ampliaron el desespero de algunos comerciantes y contratistas de Ecopetrol, quienes buscaban generar esquemas de seguridad y mejores condiciones para la inversión de capitales. En esa década, la ciudad registró 695 asesinatos de civiles», señaló la misma Comisión de la Verdad con base en información de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política-CINEP (copiado de la página 10 del informe de Omar Gutiérrez).
Ante esto, el sacerdote expresó que, «en ese escenario, en presencia de personas del gobierno, al usar esas expresiones, quise dejar claro que fue el paramilitarismo criminal y contrainsurgente de las AUC, con masacres de la población civil, llevado a cabo por las AUC, legitimado tantas veces por buena parte del Estado y actuando en otras en alianza con la Fuerza pública, el determinante para conseguir lo que han llamado el Estado que “salva” al país de las FARC y “libera” a Barranca del ELN (…) Mis palabras quisieron significar que el negacionismo sobre este asunto es parte de los factores de persistencia del conflicto armado».
Aunque Francisco de Roux se refirió más ampliamente a los dicho sobre el paramilitarismo en comparación con sus afirmaciones de que Álvaro Uribe Vélez y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, fueron el desmonte de estructuras paramilitares, el sacerdote manifestó «cuando me referí a que Uribe detuvo el paramilitarismo en 1996, hablaba del
paramilitarismo de las AUC, de ejércitos de centenares de hombres con vestido militar, con jeeps y lanza cohetes y helicópteros y aparatos de inteligencia, que tuvo alta participación pública en el Congreso y el proyecto de Refundar la Patria, al que instituciones del Estado y sectores dirigentes le dieron legitimidad. Pero las AUC fueron solo parte del entramado del paramilitarismo complejo que siguió y sigue actuando hoy en las gravísimas violaciones de los DD.H.H que las víctimas y las organizaciones conocen«.
La afirmación anterior, no generó mayor alivio, pese a la aclaración de que se hablaba de un grupo paramilitar particular, fueron varios los comentarios que rechazaban tajantemente esa supuesta participación de Uribe Vélez y más frente a los señalamientos que envuelven su presidencia y gobernación.
El comunicado del sacerdote finalizó con disculpas a las víctimas y organizaciones, «ofrezco excusas en todo lo que mis palabras, en su contexto, hayan dado lugar a acrecentar el dolor y la desesperanza de las víctimas y afectar el trabajo de las organizaciones de DDHH y de la Comisión. Lejos de mí de querer tapar tanto dolor y encubrir responsabilidades tan graves. Agradezco la seriedad de la crítica, que me cuestiona personalmente y que es necesaria en la difícil tarea de la Comisión». Ante las críticas que además cuestionaron el informe final del ente, Roux expresó que siente confianza en que la CEV supere esta situación en la que además aclaró no representa una opinión más que personal.
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