Fotografía AFP / Raúl Arboleda.
Este domingo 1 de agosto, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al excomandante del Ejército Nacional, Mario Montoya. Según el organismo, el ex general tendría que responder por 104 casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas como «bajas en combate» entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Dentro de las ejecuciones que se le atribuyen al exmilitar de 72 años, estaría el homicidio de 5 menores de 18 años, presentados como bajas en combate. De acuerdo al fiscal Francisco Barbosa, Mario Montoya incentivó una política de premios con condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados.
El fiscal también afirmó que, Montoya operó incumpliendo una directiva de las Fuerzas Militares que ordenaba “privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas sobre las muertes en combate”.
«El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas»
Fiscalía General de la Nación.
Según analistas, las declaraciones de la Fiscalía buscarían generar presión en el acusado, para que este se someta realmente a la Jurisdicción Especial de Paz, organismo al que se acogió en 2018. Varias organizaciones de DD.HH. y víctimas han solicitado a la JEP que expulse al exmilitar al no contribuir realmente con la verdad.
Movice y Mujeres Caminando por la Verdad piden que se esclarezcan las operaciones Orión y Mariscal
Aunque el militar a negado tener conocimiento de los ‘falsos positivos’, la JEP ha informado que más de diez versiones de miembros de la Fuerza Pública señalan su participación en el Caso 03 ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el movimiento Mujeres Caminando por la Verdad en Antioquia pidieron que el excomandante Mario Montoya responda también por los 50 casos de ‘falsos positivos’ documentados en la Comuna 13 de Medellín, donde se llevaron a cabo las operaciones Orión el 16 de octubre de 2002 y Mariscal el 21 de mayo de 2002.
Las organizaciones, además manifestaron que las víctimas percibieron impunidad ante las declaraciones del militar retirado y rechazaron los comentarios dados en medio de la audiencia publica en la JEP, en la que afirmó que los militares eran personas de estratos bajo y no sabían seguir ordenes.
“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato dos, ni tres ni cuatro. Voy a hablar con el corazón, como comandante: nos toca enseñarles a cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad”, afirmó Mario Montoya.
No habría conflicto entre la JEP y la justicia ordinaria
En una entrevista a un medio nacional, uno de los abogados de las víctimas afirmó que no hab´ria conflicto de intereses entre las dos jurisdicciones (Ordinaria y JEP) pues estas pueden ser complementarias y compartir información de las investigaciones.
Estas explicaciones se dieron después de que el abogado de Montoya afirmara que nadie podía ser juzgado en dos tribunales por el mismo delito, lo que elevó la discusión a los términos de «Choque de trenes», dados los antecedentes en los que la Fiscalía General deslegitimado la labor de la JEP.
Le sugerimos leer: Por no cumplirle a la verdad, víctimas exigen que Mario Montoya sea expulsado de la JEP
Declaraciones de Mario Montoya ponen tierra de por medio entre él y soldados
