Ex integrantes de FARC denuncian discriminación a en las medidas de protección

_{Excombatientes enviaron misiva al director de la UNP. Fotografía ilustrativa tomada de Celag.org.}

Este lunes 7 de enero y tras la decisión de la Corte Constitucional en la que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva del Acuerdo de Paz, excombatientes enviaron una misiva al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez. En dicho documento, los excombatientes reafirmaron su compromiso con la paz, pero exigieron a la UNP la protección adecuada de los y las firmantes que según los magistrados de la Corte, están en riesgo.

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Los y las excombatientes que firmaron la misiva, señalaron su preocupación por el asesinato de firmantes de paz que según el informe trimestral del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, supera las 300 víctimas. «303 firmantes han sido asesinados, comunidades enteras en reincorporación desplazadas de sus antiguos asentamientos, 25 desapariciones forzadas, 75 atentados, miles de amenazas. Más de 800 acciones de tutela de excombatientes han tenido que interponerse buscando la urgente protección de su vida», señala la carta.

Como salida al grave «exterminio» del que son víctimas las y los excombatientes, la Mesa Autónoma de Reincorporación, MAR, invitó al director de la UNP a que trabajen de manera conjunta en las medidas de seguridad que deberá asumir tras la decisión de los magistrados de la Corte, con el fin de ajustarlo a las necesidades de los y las protegidos y garantizar no solo el cumplimiento de la Sentencia SU020-22, sino del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

«Sea pues la oportunidad para que desde quienes impulsamos el Acuerdo de Paz y desde su entidad, podamos evaluar conjuntamente la crisis que presenta el Programa de Protección Especializada, que claramente no está ofreciendo las garantías necesarias para la seguridad y la vida de todos y todas. Presentando una paquidermia administrativa que no se compadece con la urgencia de las amenazas; contratistas privados y rentadores de servicios que no cumplen con sus funciones poniendo en riesgo a la población beneficiada; restricciones y preferencias inexplicables para la autorización de viáticos y misiones; evaluaciones de riesgo discrecionales a espaldas de protegidos y protegidas; persecución laboral a escoltas y personal sindicalizado; subcontratación clientelizada de personal de seguridad que no cumple con el requisito de confianza; déficit ingente en el personal de seguridad; medidas de protección aprobadas y nunca implementadas sin justificación alguna».
Carta enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez.

«No nos sentimos representados en la Mesa Técnica, ni en los delegados designados unilateralmente por una parte de los firmantes de paz»

La división interna del partido político comunes y otras instancias representativas para las y los excombatientes, también continúa afectando el cumplimiento del Acuerdo. De acuerdo a lo manifestado en la carta enviada a la UNP, los y las firmantes de paz no se sienten representados por la Mesa Técnica que junto a la UNP estaría realizando el análisis de riesgo, modificación de esquemas de seguridad y la creación de nuevas medidas de protección como requirió la Corte se haga en un plazo de cuatro meses.

«Los abajo firmantes no nos sentimos representados en la Mesa Técnica, ni en los delegados designados unilateralmente por una parte de los firmantes de paz, sin consulta alguna con excombatientes o beneficiarios. En los principios de confianza y de participación activa reposa la excepcionalidad de este programa especial de protección, principios que consideramos no se aplican para nuestro caso, ni para el de la inmensa mayoría de protegidos y protegidas que no son representadas por la actual dirección del partido surgido del Acuerdo que ostenta la conducción de la Subdirección, ni tampoco son reconocidos por ésta como militantes. Endosarle nuestras evaluaciones de riesgo y la implementación de lo mandatado por la Corte Constitucional a los actuales integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad, es violatorio del principio de personal de confianza fijado por el Acuerdo de Paz».
Carta enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez.

Los y las excombatientes señalaron que dentro de la protección de la UNP ha existido una diferenciación entre los y las firmantes protegidas, lo que también termina dejando la vida de muchos de ellos y ellas en riesgo. «No rubricamos un Acuerdo de Paz, para que hubiese firmantes de primera y de segunda categoría. Por tal motivo, solicitamos una reunión directa con Usted y el Subdirector José Albeiro Rodríguez, con el debido acompañamiento de la II Misión de la ONU y demás organismos garantes para ser incluidos en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y del Acuerdo de Paz, que corresponde a la entidad a su cargo. Solicitamos en el marco de dicho diálogo evaluar conjuntamente la pertinencia de la permanencia de nuestras medidas dentro de la hoy politizada Subdirección
Especializada, garantizar –bajo el principio de confianza- nuestra participación y representación efectiva en las instancias definitorias del Programa Especializado de Seguridad, así como abordar las diferentes problemáticas relacionadas con la protección de nuestra vida y los derechos de las y los trabajadores de la UNP que afectan el cumplimiento de la misión misma de la Unidad«, finalizaron los firmantes.