Acuerdo de Paz. Fotografía ilustrativa El Espectador.
El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo; la representante a la Cámara, María José Pizarro, la senadora, Sandra Ramírez y otros representantes de entes judiciales y organizaciones de DD.HH. se reunieron con el Gobierno de Cataluña y organizaciones de la Mesa Catalana, para manifestar su preocupación por la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace casi 5 años en Colombia.
La firmante de paz y congresista del partido Comunes, Sandra Ramírez, afirmó que aunque agradecen la participación política dada por el Acuerdo firmado en 2016, el actual Gobierno del presidente Iván Duque, no ha mostrado compromiso por hacer una implementación integral. La senadora, también se mostró optimista con las políticas públicas que se abre con el Acuerdo, que según ella ha significado un «cambio y reparación para la sociedad».
Carlos Caicedo, también señaló que Iván Duque ha dificultado el avance en la implementación y aseveró diciendo: «este Gobierno no solo ha pasado por encima de los Acuerdos, atropellando lo que pactó el Estado colombiano, lo que se comprometió a honrar no solo con la organización que hizo la dejación de armas, sino además con las garantías que debe dar a la oposición».
Estamos siendo violentadas desde la institucionalidad: lideresa de Montes de María sobre Acuerdo de Paz
Lideresas sociales de Montes de María y de Catatumbo resaltaron la situación particular de sus territorios e informaron que los balances entregados por parte del Gobierno actuar son de manera general y no responden a un seguimiento real de la situación de las mujeres y campesinos víctimas del conflicto armado. Ana Isabel Vergara, lideresa de Montes de María, manifestó que como sobreviviente de abuso sexual se siente abandonada y violentada por parte del Estado, que ha abandonado a las regiones del país en materia de cumplimientos.
Iván Moreno, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, afirmó que si bien el Acuerdo contribuyó a un desescalamiento de los conflictos a nivel territorial, ahora se evidencia una reconfiguración de este con alianzas entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. «Hay unas alianzas y una falta de identificación de los actores armados y se confunden a las comunidades. Lo Gobiernos vende ideas de posconflicto y afirma que lo que hay son bandas criminales (…) En las protestas se vio una nueva fase del paramilitarismo con las autoridades del Estado», agregó Moreno.
Olga Quintero, delegada de la Asociación Campesina del Catatumbo, también se refirió a las afirmaciones de que la paz esta debilitándose y expresó que «la paz fracasa solo si aflojamos. Estamos trabajando fuertemente para que la luz de la paz no se apague, la paz no está muerta».
Por su parte, Eduardo Cifuentes, presidente de Jurisdicción Especial para la Paz, Jurisdicción Especial para la Paz, afirmó que la JEP es muy «sensible a su entorno», constituido por presuntos perpetradores de crímenes de guerra y lesa humanidad, las víctimas y por ello cuando el Estado no hace presencia en gran parte del territorio Nacional y deja que poderes criminales ejerzan control afecta directamente a la jurisdicción.
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