El 21 de noviembre de 2019 comenzó un proceso de movilizaciones sociales, que se suspendió por la pandemia en 2020, y que luego retomó fuerza en 2021, y que puso en jaque el Gobierno y llevó a un candidato de izquierda al poder por primera vez en la historia colombiana.
Por Carolina Toro Leyva, Redacción Contagio Radio
Bogotá. El presidente Gustavo Petro recordó en su cuenta de X que este 21 de noviembre se cumplen cuatro años de estallido social en Colombia. “Decenas de sus líderes aún están presos tratados como terroristas. La protesta social no puede ni debe criminalizarse”, escribió.
El paro, que comenzó en el 2019, que se suspendió por la pandemia en 2020, y que luego retomó fuerza en 2021, fue una manifestación social en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque, que había tenido un primer año negativo con una reforma tributaria que se hundió en la Corte Constitucional, una alta cuota burocrática y un reducido impulso a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
El descontentó iba en aumento y, en su momento, las movilizaciones fueron convocadas por sindicales obreras, magisterio, sociedad civil y artistas. Gustavo Petro, en ese entonces, era congresista y oposición, hizo lo propio para impulsar las marchas en todo el país y oponerse a las políticas del Gobierno Duque.
Pero el descontento que terminó con el estallido social de 2021, que tuvo a la juventud como protagonista, empezó con la convocatoria a un paro nacional que varias organizaciones sociales hicieron desde inicios de octubre del 2019, en contra de varias políticas anunciadas por Duque. La fecha era justo después de las elecciones regionales que se harían a finales de ese mismo mes.
Una semana antes de la convocatoria el senador Roy Barreras reveló que siete menores de entre 12 y 17 años habían muerto en un bombardeo militar, que Duque había calificado de “operación impecable”, y que el Gobierno lo había ocultado al país. Esta revelación hizo que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunciara a su cargo.
La indignación fortaleció la convocatoria. Los dos primeros días de paro se sintieron con la cancelación de las clases y la inmovilidad de la ciudad, pero el tercer día y cuando parecía que la movilización empezaba a perder fuerza, un capitán de la Policía mató por el disparo de un arma menos letal a un manifestante, un joven de 18 años llamado Dilan Cruz.
La muerte de Cruz marcó el destino de las movilizaciones. La violencia policial ganó protagonismo y las marchas se repitieron casi todos los días. Llegaron a zonas de las ciudades diferentes a las usuales. Hubo enfrentamientos puntuales con la Policía, vandalismo y toques de queda. Se replicaron los plantones pacíficos. Salieron no solo sindicalistas y estudiantes, indígenas y militantes de izquierda, sino miles de espontáneos.
El fervor de las movilizaciones bajó en el 2020 por la pandemia, pero el descontento siguió en aumento con la crisis económica, el hambre y el desempleo y, para algunos, por las malas medidas tomadas por el Gobierno de turno para enfrentar la pandemia. En septiembre de 2020 otro caso de violencia policial, el asesinato de un abogado llamado Javier Ordóñez por varios policías, llevó a nuevas jornadas de protestas y violencia, con la quema de varios CAI en diversos barrios de la capital.
En el 2021 una nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno, otra vez con la idea de aumentar el recaudo por el IVA, cuando además la economía hasta ahora se estaba recuperando de la crisis por la pandemia y las familias estaban empobrecidas, se dio el estallido social del 21 de abril.
Se repitieron hechos como los de 2019, pero a mayor escala. Durante tres meses hubo una mayor violencia policial y contra la Policía, saqueos, denuncias de torturas, asesinatos, desapariciones. Varias vías fueron bloqueadas en todo el país y Cali quedó prácticamente sitiada. Se hicieron conciertos, actividades culturales y manifestaciones en las principales ciudades del país.
Estas manifestaciones habían cambiado el panorama, el descontento llegó para quedarse, y la sensación de que manifestarse con éxito era posible quedó implantada. Ese era un cambio importante en la sociedad colombiana, tanto, que en las elecciones de 2022, en la segunda vuelta, no había candidatos de los partidos tradicionales ni del uribismo y era elegido, por primera vez, un candidato de izquierda como presidente.
Desde entonces, Petro ha sido una de las figuras políticas más representativas frente al Paro Nacional y, en varios momentos, ha tenido diferencias con el fiscal Francisco Barbosa por sus intentos de intervenir en Fiscalía con los procesos de jóvenes judicializados.
Uno de los anuncios más polémicos fue el que hizo en diciembre de 2022, cuando advirtió que los jóvenes criminalizados en la protesta social podrían cumplir el rol de “gestores de paz” del Gobierno para salir en libertad condicional. “Este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”. El anuncio generó choque de trenes con la Fiscalía, quienes se opusieron a la intervención política del presidente en los procesos judiciales.
