El Gobierno nacional estableció que el Estado Mayor Central de la extinta guerrilla no podrá entrar a zonas urbanas y aclara que la fuerza pública seguirá operando en caso de presentar incumplimientos.
Por redacción Contagio
Bogotá. Un mes después de la decisión del presidente Gustavo Petro de detener operaciones ofensivas contra el Estado Mayor Central de las Farc, entran en vigencia los protocolos para verificar el cese al fuego bilateral.
Este protocolo contiene las herramientas para su implementación, incluido el establecimiento de un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos.
La Veeduría, Monitoreo y Verificación contará con la participación de delegados del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional. También, será importante el acompañamiento de miembros acreditados de la sociedad civil, la Iglesia católica y otras expresiones religiosas.
El objetivo del Gobierno nacional es desescalar la confrontación armada y facilitar el proceso de negociación con el objetivo principal de lograr un acuerdo de paz.
“Este paso permitirá abordar, a la mayor prontitud posible, asuntos propios de las hostilidades a partir del escenario de conversaciones. La reconstrucción del Estado Social Ambiental de Derecho es cierto y verdadero”, versa el documento.
Asimismo, dice el comunicado conjunto entre Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que las disidencias no podrán permanecer en las cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de Policía, así como en vías primarias, con el ánimo de evitar cualquier intimidación sobre la población civil. Acuerdan protocolo del cese al fuego bilateral con las disidencias de extintas Farc.
“Como en los demás ceses, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. La fuerza pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”, concluye el comunicado con fecha del 8 de febrero del 2023.
