Siete comunidades indígenas de Dabeiba permanecen en toque de queda en sus resguardos por las medidas impuestas por el ELN para la siembra de minas antipersonal, debido al enfrentamiento que tienen con el Clan del Golfo en esta zona.
A esto se le suma el desplazamiento de 2.200 indígenas, el cual se había reportado después de la visita que realizó la misión humanitaria y pastoral en Murindó, Antioquia, por parte de la Diócesis de Quibdó y Apartadó.
Las comunidades indígenas están conformadas por 1.000 personas, aproximadamente, quienes tienen prohibido por el ELN abandonar sus resguardos después de las 6:00 pm.
Leyton Urrego Durango, alcalde de Dabeiba, aclaró que la mayoría de las personas confinadas son niños y adultos mayores, por lo que exigió al Gobierno una presencia del Ejército en la zona y un desminado humanitario para dar garantías de seguridad a las comunidades.
Esta zona se reconoce por ser un corredor estratégico para los grupos armados, ya que conecta con los departamentos de Antioquia y Chocó.
La Personería del municipio ha confirmado que los artefactos explosivos fueron sembrados en este corredor por el ELN dentro de la disputa que tienen con el Clan del Golfo, ya que esta contienda por el territorio les daría la consolidación para la ruta del narcotráfico entre Colombia y Panamá.
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Dabeiba y el constante conflicto por el territorio
Esta situación no es la primera vez que pasa en el territorio de Dabeiba. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que entre los días 26 y 31 de agosto de 2019, por disputas en el territorio y la instalación de minas antipersonal, ocasionaron el confinamiento de las 1.000 familias que pertenecen a las comunidades indígenas en Dabeiba.
Este confinamiento denegó a las comunidades realizar sus actividades de generación de ingresos y subsistencia, misma situación en la que están actualmente por el confinamiento forzado por parte del conflicto que se vive en el territorio.
En ese mismo sentido, la OCHA dio en su momento algunas consideraciones que se necesitaban en la comunidad, como la necesidad de implementar medidas de protección comunitaria, al igual que acciones de prevención ante los posibles casos de reclutamiento de menores.
Para la educación se pidió el acompañamiento a 500 menores de edad que han quedado sin escolarizaciòn por la situación. También piden resaltar estrategias de educación basada en autocuidado, convivencia, salud sexual y reproductiva.
En la seguridad alimentaria y medios de vida se pidió el acompañamiento a las organizaciones e instituciones para el ingreso de alimentos y productos que garanticen el sustento diario, medidas que aseguren las actividades diarias de cultivos, caza y otros que permitan la subsistencia y generación de ingresos.
Así mismo, se recomendó la urgente atención en salud mental. La información recogida de la OCHA sobre los testimonios de presidentes de la Junta de Acción Comunal, presidentes del Consejo Comunitario y Resguardos indígenas, retratan el temor que presentan las comunidades con una afectación psicosocial en niños y niñas.
Aunque estas denuncias y recomendaciones se hayan presentado hace dos años, todavía no hay respuesta para la no repetición de los hechos y se demuestra un claro abandono estatal por parte del Gobierno colombiano.
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