Este 24 de septiembre la Comisión de Justicia y Paz denunció el riesgo en el que se encuentran los líderes y la comunidad del espacio humanitario de Puente Nayero, en Buenaventura, Valle del Cauca, luego del intento de homicidio que se presentó en el espacio humanitario a pesar de que en ambos extremos de la calle hay presencia policial.
Según la organización de Derechos Humanos, «el control social y económico a través de la extorsión, cobro de vacunas y robos por estructuras armadas heredadas del paramilitarismo», que hacen presencia en las distintas comunas de Buenaventura evidencia aún más el riesgo en el que se encuentran las comunidades y especialmente los lugares que se han señalado como vulnerables, como es el caso de Puente Nayero.
Al mismo tiempo denunciaron que el pasado 17 de septiembre a las 6:30 pm en la calle San Francisco del barrio La Playita, Crispiano Ángulo, fue atacado con arma de fuego por hombres armados que le dispararon en el abdomen.
El hecho se dio mientras se desarrollaban actividades lideradas por los defensores de Derechos Humanos integrantes de la Comisión, en dónde trabajaban junto con la comunidad temas de producción agrícola sostenible con mujeres y un taller de danza para los niños.
Crispiano vivía junto con su familia en el Espacio Humanitario en donde administraba una tienda. «Hasta hoy Crispiano continua recibiendo atención médica», indicó la ONG, al mismo tiempo destacó que este hecho violento se dio a pocos metros de las unidades policiales, «las cuales no reaccionaron mientras los hombres armados caminaban hacia su víctima» .
La comunidad de Puente Nayero sigue desprotegida
La organización señala que a pesar de que los habitantes han realizado en el marco del seguimiento y concertación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigencias para que se respete su vida, aún persiste la vulnerabilidad y el riesgo de las comunidades que viven en este Espacio Humanitario.
Un llamado al que se sumaron el pasado 28 de agosto, 120 comunidades qué exigieron al Gobierno garantías en los territorios y un cese al fuego, así como el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, la vida y la paz.
Exigencia que fue respaldada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien resolvió en un plazo de 5 días que el presidente Iván Duque debía dar respuesta a dichas comunidades.
Sin embargo pese a esto, voceros de las comunidades reconocieron qué esto significó un pequeño logro, y más aún cuando la respuesta del Gobierno no fue satisfactoria, señalando que está no cumplía con el requisito de ser suficiente, efectiva y congruente, y que además no solucionaba de fondo los riesgos y necesidades que atravesaban las comunidades.
