El día martes 22 de junio, en Segovia, Antioquia, fueron asesinadas 3 personas identificadas como Nohelia de Socorro Muñoz, Cristian Yalí Montaño y Carlos Viloria Albornoz.
La masacre ocurrió en la zona urbana del municipio de Segovia por hombres motorizados quienes dispararon contra Cristian y Carlos. La acción armada alcanzó a Nohelia quien fue trasladada a un centro asistencial donde falleció tiempo después.
La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana número 058-18 refiriendo a la expansión de los grupos armados en este municipio y el riesgo que corre toda la población.
En lo que va del año, ya son 44 masacres cometidas en Colombia, según INDEPAZ.
210 personas han sido asesinadas. Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos más afectados con 32 y 29 muertes respectivamente.
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Sigue en peligro Segovia
En la región de Segovia existe la presencia de varios grupos armados y la expansión por el territorio de los mismos, según la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, después de la desmovilización de las FARC-EP, los grupos armados del ELN y grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, se abrieron paso para la expansión en esta zona de Antioquia.
Desde el 2016, los diferentes frentes del ELN comenzaron a ampliar su presencia en los cañones del Meta y el Nechí en la zona occidental de los municipios de Segovia y Remedios y también por la parte oriental de ambos municipios, imponiendo toques de queda a la población residente de las 6:00 pm a las 6:00 am del otro día.
El grupo armado posdesmovilización de las AUC, conocido ahora como las AGC, por su parte, también tuvieron un incremento de control territorial desde 2016 por las cabeceras municipales de Segovia y Remedios.
La Defensoría del Pueblo registra que la presencia de las AGC en estos municipios se conforma por grupos de 10 o 15 personas con armas largas y cortas, vestidos de negro y haciendo uso ocasional de capuchas.
En Segovia y Remedios las disputas por el control territorial se dan para acaparar la explotación minera que hay en el sector.
El informe Sobre Presencia de Grupos Armados en Colombia, de INDEPAZ, aclara que los grupos armados han acaparado el mercado de insumos para la minería de oro, han colocado el precio sobre la compra y venta de estos productos y han capturado la renta, el producto del trabajo de mineros de la zona para ejercer minería ilegal.
Entre la población en la que más recae un riesgo, están los hombres y mujeres entre 25 y 64 años, quienes por lo general asumen roles de liderazgo en las juntas de Acción Comunal. Así mismo, estarían los jóvenes entre 15 y 24 años de edad, dado que son el interés de los grupos armados ilegales para reclutarlos.
INDEPAZ llama la atención sobre la omisión del Estado con relación a la presencia de grupos armados en los distintos territorios, aclarando que el fenómeno de la violencia en la región es categorizado por el Estado colombiano como de menor intensidad y solo toma importancia cuando la magnitud del conflicto gana importancia en la opinión pública.
La población, a lo largo de su historia, ha sufrido por el conflicto que genera la extracción minera en el territorio, que se divide en tres problemáticas; el económico por la tensión que hay entre las compañías privadas y los pequeños mineros; el social y político por la permanente presencia de grupos armados y las dinámicas del conflicto y un eje ambiental en el que se problematizan las afectaciones al ecosistema y a la salud derivadas de la extracción del oro.
De estas problemáticas viene la preocupación esencial de la población y las exigencias que se hacen sobre las garantías de no repetición que le piden al Gobierno colombiano, que son su derecho al trabajo y la seguridad para permanecer en su territorio, donde las autoridades pertinentes intervengan para que cesen las amenazas y las demás violencias hacia los derechos humanos que han sufrido por más de dos décadas.
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