24 de enero de 2020
Sandra Gutiérrez
Periodista/Contagio Radio
En Caño Manso la dignidad enfrenta al despojo
Durante más de dos décadas la comunidad de Caño Manso ha sido testigo de las dinámicas del despojo a las vidas que habitan el territorio. Acciones de violencia que aunque actualmente persisten, no han logrado apagar la resistencia y la valentía tanto de las personas, como de la misma naturaleza.
Caño Manso pertenece al Territorio Colectivo de Curbaradó y se ubica a orillas del río que lleva ese mismo nombre, en la región del Bajo Atrato, y desde 1996 sus habitantes han sido víctimas de innumerables desplazamientos forzados que estuvieron acompañados por hechos de violencia como masacres, asesinatos y desapariciones forzadas, perpetradas por estructuras paramilitares que actuaron bajo el auspicio de la Fuerza Pública.
El accionar de esos actores sirvió como abono para que junto a distintas empresas, se creará una estrategia para el despojo y la acumulación de tierras, que cobró la vida de personas y parte del bosque húmedo tropical que pertenecía a la Selva del Darién.
El despojo viene antecedido por la violencia
En septiembre de 1996 inició la Operación Septiembre Negro, un plan de acción puesto en marcha por el Ejército, en connivencia con grupos paramilitares, que impactó distintos territorios de los departamentos de Antioquia y Chocó, bajo la excusa de combatir la insurgencia.
Algunos de los hechos que antecedieron esta operación fueron los asesinatos cometidos en los municipios de Mutatá hasta Belén de Bajirá; el control ejercido por el Bloque Metro desde la ciudad de Medellín hasta Dabeiba; y las masacres cometidas en el norte de Antioquia, como la del Aro, en donde se presume la participación de la entonces gobernación de ese departamento de acuerdo con la sentencia de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del 2015.
En el Bajo Atrato, esta arremetida la realizaron las Brigada IV y Brigada XVII de Carepa, bajo el mando del General Rito Alejo del Río, junto a la estructura paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas, quienes incursionaron en la región con acciones concretas como homicidios selectivos, masacres y desapariciones forzadas, con la finalidad de desterrar de forma violenta a las familias y abrir espacio a los proyectos agroindustriales.
En el caso particular de la comunidad de Caño Manso, el terror llegó el 6 de octubre 1996, cuando el grupo paramilitar conocido como “los mochacabezas” perpetraron la masacre de Brisas, acabando con la vida de 7 personas. Este hecho generó un éxodo masivo de por lo menos 4 mil personas.
No obstante, no todos los habitantes salieron de sus viviendas en las primeras arremetidas de la violencia; algunos de ellos se resistieron al destierro. Razón por la cual, la respuesta que obtuvieron fue la orden paramilitar de “limpiar” el territorio de quienes se quedaron.
Fue así como entre los años 1996 a 1998, se despojó de vida a la Cuenca del Curbaradó para que llegara una ola verde monocultivo, marea empresarial que tuvo como intención llenar los territorios de palma aceitera, plátano y pasto para la ganadería extensiva bovina y búfalina.
El mercado del despojo
Luego de instaurar el control paramilitar en la Cuenca y acabar con la resistencia de líderes sociales, inició la compra fraudulenta de predios. Para ello, paramilitares irrumpieron en las casas de los campesinos, ofrecieron apróximadamente $150.000 pesos por hectárea. A quienes no accedieron, los intimidaron afirmando que “negociarían con la viuda”. Muchos llegaron a vender 100 hectáreas por quince millones de pesos. Mientras que otros, como Antonio Chavarría que se negaron, fueron asesinados.
Posteriormente, llegaron los comisionistas, que eran delegados por los terratenientes o empresarios para intermediar con las comunidades, obtener las tierras y luego cobrar una comisión. Finalmente el terreno quedaba a nombre de un tercero y de esta forma, se “blanqueaba” la acción delictiva.
Otra de las estrategias utilizada para el despojo fue la falsedad en documento público y el repoblamiento como es el caso particular de la Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá, ASOPROBEBA, que posee 215 hectáreas sobre Caño Manso y 885 sobre Pedeguita y Mancilla.
En este caso, el terreno fue adquirido por Rene Palacios, quien en la dinámica de despojo de la comunidad de Caño Manso fungió como comisionista de las tierras. Él accedió a la propiedad a través de una resolución presuntamente falsa que le otorgaba la adjudicación del inmueble, que superaba la unidad agrícola familiar por 1.100 hectáreas.
Posteriormente, en el 2002, vendió las tierras a Hugo Fenel Molano, quien a su vez negoció con Sor Teresa Gómez, ficha clave de los Hermanos Castaño y representante legal de ASOPROBEBA.
El despojo en la piel de un campesino
Juan de Dios Lance fue uno de los campesinos víctima del despojo de tierras en Caño Manso. Convencido de la protección al territorio, se encargó de organizar a su comunidad para resistir la oleada de violencia que azotaba a los habitantes, llegando a ser nombrado como presidente de la junta de acción comunal. Sin embargo, sobre sus hombros ya pesaba el frío de la muerte.
El 27 de septiembre de 1997, “los mochacabezas” llegaron hasta su finca La Esperanza, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron junto con otras cuatro personas, cada uno de ellos había impulsado o apoyado la defensa del territorio frente al bloqueo económico impuesto por paramilitares.
Un kilómetro más abajo de La Esperanza, sus familiares lo encontraron con la marca de la violencia que le atravesó el cuello, al lado también hallaron a su nuero, Pedro Nel Serrano. Un acto que buscaba causar terror, y con esto, apoderarse de sus tierras para dar paso al mercado de las hectáreas.
A la familia Lance, en medio del dolor, les tocó salir desplazados de su hogar. Andrés Lance, hijo de Juan de Dios, optó por, al igual que muchos campesinos en medio del rebusque, intentar conseguir trabajo como jornalero.En 2003, se encontró con Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño, que ya andaba entregando parcelas para el cultivo de palma y plátano, Lance le contó su historia y ella de inmediato ordenó que le dieran 6 hectáreas dentro de ASOPROBEBA.
Durante cinco años Andrés y su familia vivieron dentro del sistema de ASOPROBEBA, cultivando para otros, ganando poco y bajo la presión de los intereses empresariales. Hasta que un día, en Chigorodó, se encontró con la voz de una lideresa, que con ahínco, estaba exponiendo la importancia de la creación de zonas humanitarias en la Cuenca del Curbaradó.
No faltó nada más para que Andrés junto a otras 45 personas tomaran la decisión de regresar a Caño Manso en el año 2007 y crear la zona humanitaria. Sin embargo, primero tuvieron que afrontar a los despojadores, que en ese caso se apoderaron de las tierras y las agruparon bajo el nombre de Villa Alejandra I, finca con aproximadamente tres mil hectáreas.
La persona que se encargó de comprar los predios a bajo costo fue Rene Palacios, el comisionado, mientras que el terrateniente fue Hugo Fenel Molano, que luego de ser extraditado por el delito de narcotráfico, le transfirió todas las propiedades a Felipe Molano, actual terrateniente.
Armados con tan solo sus cuerpos, las mujeres y hombres decidieron entrar a Villa Alejandra I. En un inicio corrieron la cerca y se quedaron en la iglesia, donde fueron víctimas de intimidaciones por parte de paramilitares y ocupantes de mala fé, luego, poco a poco, intentaron ir recuperando su espacio.
Asimismo, los actos violentos contra los integrantes de la comunidad fueron escalonando hasta que el 14 de octubre de 2008 dos paramilitares asesinaron a Walberto Hoyos, líder del proceso que se había encargado de recopilar información y denunciar los abusos por parte de los empresarios en el territorio.
Este hecho conmocionó a quienes intentaban regresar a sus tierras, porque recordaron que aunque ellos defendían la vida con sus cuerpos, los otros tenían las balas y la indolencia de los armados. No obstante, la comunidad decidió continuar con la defensa del territorio y en homenaje a la valentía, decidieron nombrar a la zona humanitaria “Walberto Hoyos”. Cuatro años más tarde habían logrado sacar el comando paramilitar que se encontraba en la zona y destruir los símbolos de poder que se habían erigido sobre sus tierras.
Por el incumplimiento permanente del gobierno de Santos en la restitución de sus predios colectivos, comunidades afro-mestizas desalojan al empresario ganadero Luis Felipe Molano. Este empresario es un coronel (R) que se ha beneficiado de las operaciones paramilitares que generaron el desplazamiento con asesinatos, desapariciones forzadas y destrucción de poblados desde 1.996.
El despojo no logró acabar la Dignidad
Del tres al seis de octubre del 2019, se realizó el tercer Festival de las Memorias en Caño Manso, una iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz que busca a partir del encuentro de afectados y responsables en el marco del conflicto armado, tejer una memoria restaurativa. En esa ocasión, las conversaciones giraron en torno a las afectaciones del despojo, el desplazamiento y las acciones que emprendieron distintas comunidades para proteger la vida y transitar a la verdad y la reconciliación con justicia restaurativa.
Allí, en medio de lo que antes sirvió como casa de máquinas para destruir la vida, Andrés Lance hizo un homenaje a quienes fueron asesinados en los 12 años de conmemoración de la zona Humanitaria:Juan de Dios Lance, Walberto Hoyos, Pedro Nel Serrano y Benjamín Gómez.
La tierra también se ha transformado, dejó de ser árida una vez se arrancaron los cultivos de palma y plátano, y pese a que nunca podrá volver a ser la misma, ni recuperarse del daño ecológico, los bosques de la memoria, que se plantaron en nombre de quienes fueron asesinados, son la esperanza para reverdecer estas tierras y guardar en ellos el relato de la perseverancia y el amor al territorio.
A pesar de ello, las dinámicas de violencia no han cambiado en el territorio, los paramilitares controlan la región en medio de la presencia militar, que para los habitantes, es cómplice.
Los empresarios continúan en Caño Manso. Felipe Molano aún es un ocupante ilegal, pese a que en el 2012 la Corte Constitucional expidió el auto 299 en el que ordena el desalojo de los ocupantes, poseedores e invasores de mala fe. El Ministerio del Interior no ha logrado sanear el territorio, y por si fuera poco, paramilitares y empresarios lograron montar autoridades del Consejo Mayor que han sido afines a sus intereses.
Con todo ese panorama, parece increíble que en la Zona Humanitaria Walberto Hoyos, junto a otras zonas humanitarias, zonas de reserva de la biodiversidad y bosques de la memoria, la esperanza siga germinando en cientos de sonrisas de los niños, mujeres y hombres, que se posicionan como una luz, como el árbol en medio del desierto que impulsa el anhelo del fin del despojo.
24 de enero de 2020
