Este martes 23 de marzo el Sistema de Monitoreo de Riesgo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) presentó el cuarto informe de identificación y advertencia oportuna de riesgos, en el que identifica el Desplazamiento Forzado como una de las grandes amenazas que enfrentan las familias colombianas.
El reporte que comprende el periodo del 22 de febrero al 7 de marzo de 2021, da cuenta de la preocupante situación de desplazamiento forzado, masivo o no, en el territorio colombiano.
Según la unidad investigativa cada media hora un colombiano se vio obligado a abandonar su hogar y desplazarse. Esto equivale a 3.119 personas y 1.311 familias que «han huido de sus tierras para salvaguardar sus vidas e integridad física».
La UIA mostró además la comparación de los años 2017 y 2021 (después de la firma del Acuerdo de Paz) y evidenció un aumento significativo del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades.
En la actualidad 21.494 personas y 1.599 familias permanecen confinadas, «lo que significa que persisten graves violaciones a los derechos a la libertad y la movilidad en Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño, con afectaciones desproporcionadas para los indígenas y los afrodescendientes».
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Los corredores estratégicos en la guerra y el Desplazamiento Forzado
Según la Unidad de Investigación y Acusación «el Clan del Golfo y el ELN serían los principales perpetradores de estos hechos de victimización que ocasionan crisis humanitarias» con el fin de establecer corredores estratégicos que permitan la movilidad de integrantes de organizaciones ilegales, el tránsito de drogas, armas, y mercancías en «diferentes subregiones del país que se conectan por carreteras, serranías, ríos o fronteras».
«El Clan del Golfo, ha constituido corredores desde el bajo Cauca Antioqueño y el medio Atrato hasta el Urabá. Su corredor refleja la recuperación de viejas retaguardias de grupos paramilitares, (como la casa Castaño, el Bloque Elmer Cárdenas, el Bloque Pacífico y el Bloque Mineros), que han tenido un control relativamente alto de la vía que conecta al norte de Antioquia con el mar, o la red fluvial chocoana».
El ELN «tiene presencia en gran parte del territorio nacional… Ha creado corredores dependiendo de sus Frentes de Guerra, (símil de los Bloques de las FARC-EP), lo que les ha permitido tener una importante interconexión entre sus estructuras federadas, pero que no siempre se han expresado en una conexión integral de toda la guerrilla».
Los corredores del ELN se encuentran en zonas de Norte de Santander como Catatumbo, en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. «
Las rutas que ha seguido el ELN para el establecimiento de este corredor tendrían como punto central la serranía de San Lucas, bastión histórico de esta guerrilla. Desde allí esta organización insurgente ha aprovechado la red vial y fluvial de la zona para usufructuar rentas ilegales como extorsiones, cobro por la siembra de cultivos de uso ilícito y minería ilegal».
Alternativas para la Paz
Líderes, lideresas sociales, defensores y organizaciones de DDHH han sido enfáticos en la necesidad de establecer acuerdos de paz con el ELN. Desde 2013 con las conversaciones entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y el ELN y desde 2019 en los diálogos de paz hechos en Cuba con el mandatario Iván Duque no se han establecido otros acercamientos que den paso a un cese al fuego.
En su momento lideres del grupo insurgente manifestaron sus contemplaciones para un Acuerdo de Paz, entre las que se hablaba de su participación en la sociedad y una democracia para la paz. Sin embargo en enero de 2019, Iván Duque canceló diálogos ante el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander que el mismo ELN se atribuyó.
Por otra parte, es también fundamental el sometimiento voluntario de todos los integrantes del Clan del Golfo. El año pasado bajo el decreto 965 de 2020, 100 hombres pertenecientes a ese clan entregaron las armas y se acogieron al decreto que busca la desmovilización individual y que según el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos “ayuda en la desvinculación de menores de edad, entrega de armas y munición y el sometimiento de más integrantes de los grupos”.
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Advertencias de la UIA
«Los desplazamientos masivos y el confinamiento han afectado a los titulares de derechos y garantías en la Jurisdicción Especial para la Paz, como por ejemplo, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios». Además la UIA advirtió que gran parte de ataques se han dado contra personas participantes de los Acuerdos de Paz, como excombatientes y líderes sociales.
Por otro lado también se alertó sobre un posible aumento de las lógicas de expulsión violenta de personas, familias y comunidades. La Unidad de Investigación y Acusación también hizo un llamado a un acción más contundente por parte de las organizaciones estatales con el fin de evitar que la situación pueda «empeorar en los últimos meses».
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